El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio, Miguel Ángel Martin, envió cartas al mando militar y policial en Venezuela y los insta a detener al presidente Nicolás Maduro, por su supuesta implicación en un caso de corrupción relacionado con Odebrecht.

Martin precisa que las misivas, enviadas este miércoles 9 de mayo, emanan de una resolución que emitió el tribunal la semana pasada que “declara la suspensión” de Maduro como presidente y su inhabilitación para ejercer cargos públicos en el marco de la investigación.

En las comunicaciones dirigidas al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y al director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Gustavo González López, el presidente del TSJ en el exilio los exhorta a detener a Maduro como medida “preventiva”.

A López lo llaman a impartir “las instrucciones conducentes a fin de que una vez ubicado el mencionado ciudadano sea capturado, traslado o puesto a la orden de la Sala Plena del TSJ“.

También le solicitan al ministro dar “continuidad al proceso judicial de enjuiciamiento” de Maduro, “con motivo de la investigación que adelantó el Ministerio Público por la presunta comisión de delito contra el patrimonio venezolano”.

Alerta roja

En la resolución, los magistrados en el exilio ya habían hecho un llamado a la Guardia Nacional Bolivariana a detener a Maduro, además de pedir a Interpol que emitiera una alerta roja para iniciar una “proceso penal” para determinar su responsabilidad, o no, en la comisión de los delitos.

La decisión fue tomada la semana pasada en un plenario en Miami al que asistieron varios tribunal, así como otros magistrados que participaron por videoconferencia desde Colombia, Panamá y Chile.

En marzo, el mismo tribunal en el exilio había itido a trámite una querella de la exfiscal general Luisa Ortega (también en el exilio) en la que se acusa a Maduro de delitos de corrupción relacionados con la constructora Odebrecht.

La denuncia de Ortega se relaciona con “pagos hechos a funcionarios públicos y empresas fantasmas por parte de la constructora” brasileña.

“El tribunal le ha garantizado todos los derechos fundamentales a Maduro, como es el debido proceso del derecho a defensa”, ha señalado el magistrado Antonio Marval.

La Asamblea Nacional, de mayoría opositora, designó el año pasado a nuevos magistrados para el TSJ, con la idea de que reemplazaran a los jueces en ejercicio de esa instancia, por considerar que estaban al servicio del Gobierno y habían sido elegidos ilegalmente.

La mayoría de los nuevos magistrados, argumentando que eran perseguidos, optaron por salir del país e instalarse como Tribunal Supremo autodenominado “legítimo” o “en el exilio”.

Con información de EFE

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