La audiencia preliminar del exgobernador del Zulia, Manuel Rosales, se extendió durante más de cuatro horas y finalizó con una orden de juicio en su contra este lunes 7 de marzo. El tribunal 19 de Control de Caracas -por dictamen del juez Jesús Pérez Farías-, consideró que hay suficientes elementos para dar inicio al proceso judicial y ratificó la privativa de libertad contra el dirigente opositor, quien deberá permanecer recluido en el Helicoide.
Su esposa y alcaldesa de Maracaibo, Eveling Trejo, confirmó la noticia a través de su redes sociales.
A las afueras del Palacio de Justicia exigió la liberación de Rosales. “Yo no vengo aquí a hacer showcito ni a dar lástima, estoy pidiendo que se haga justicia con un hombre al que le deben casi siete años del exilio. ¿Hasta cuando el poder judicial sigue maltratando a la familia venezolana?”, manifestó.
La abogada defensora Magaly Vásquez señaló que a Rosales se le acusa de enriquecimiento ilícito por el orden de 147 mil bolívares y que este delito supone una pena máxima de 10 años. “La calificación por la cual se itió el inicio del juicio es por un supuesto enriquecimiento ilícito de 147 mil bolívares que se sustenta en un informe de auditoria patrimonial elaborado por la Contraloría General de la República. Es preciso destacar que no se permitió el derecho a la defensa”, declaró a los medios.
El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, también se pronunció al respecto.
El primer vicepresidente del Parlamento, Enrique Márquez, y las diputadas Delsa Solórzano y Nora Bracho rechazaron el dictamen.
Seis veces fue diferida la audiencia de presentación de Rosales, a quien se le imputan los delitos de corrupción y enriquecimiento ilícito.
El ministro de Relaciones Interiores, Gustavo González López, enumeró las 11 averiguaciones que pesan sobre el político: corrupción, enriquecimiento ilícito con ocasión a la adquisición de bienes, muebles e inmuebles, malversación de fondos asignados por el Ejecutivo nacional, presunta comisión de los delitos de peculado de uso propio e impropio, irregularidades en la asignación de recursos de la fundación Amigos de los Niños Trabajadores, presunta dotación y posterior venta de vehículos de la Policía del estado Zulia.