Un ambiente de apatía ha marcado la campaña electoral para este 25 de mayo en el estado Táchira, aunque es notorio el despliegue publicitario de los candidatos a gobernador que dicen representar una nueva “oposición”, además del aspirante a la reelección por el Psuv, Freddy Bernal.

Grandes vallas en puntos estratégicos de la capital tachirense, cuñas radiales y en plataformas digitales hablan de una campaña con  recursos y en la que el principal cargo a elegir -la gobernación del estado- es disputado por cinco aspirantes: Freddy Bernal actual mandatario regional; Daniel Ceballos, Juan Carlos Palencia, Juan Carlos Alvarado y María Teresa Cantor.

Sin embargo, todavía se resiente la violencia y persecución política desatada tras las elecciones presidenciales de 2024, cuyos resultados desagregados mesa por mesa aún el Consejo Nacional Electoral no los ha publicado.

Aún sigue en la memoria tachirense la muerte de Julio Valerio García, de 40 años, muerto el 28 de julio al recibir un disparo en la cara cuando esperaba en las afueras de su centro de votación.

Según los reportes del Foro Penal Venezolano, en esta región se  registraron más de 70 detenciones en el contexto postelectoral, de los cuales 16 eran adolescentes y 11 mujeres 

Los adolescentes fueron excarcelados. Pero, al menos, 20 personas permanecen detenidas, entre ellas cinco mujeres. La mayoría están acusados de terrorismo y otros delitos políticos.

La situación de persecución obligó a la dirigencia política opositora a  poner en resguardo sus vidas y la mayoría de los representantes de los partidos de oposición, testigos de mesa y activistas tuvieron que huir al vecino país, ante la amenaza de ser detenidos.

A nueve meses del proceso electoral, la gran mayoría de los dirigentes y voceros de organizaciones políticas de la región permanecen en la clandestinidad, lo que trajo un fenómeno en la entidad: el desmembramiento de la oposición tachirense.

El equipo de Vente Venezuela en la entidad desapareció, al igual que las cabezas principales de los partidos de la Plataforma Democrática Unitaria.

La campaña ha sido bastante particular, pues los candidatos de la llamada nueva “oposición” se han demandado y sacado trapitos al sol. El candidato a la reelección por el Psuv, Freddy Bernal, ha prometido abrir casas de cambio y construir un  ferrocarril entre el Departamento Norte de Santander La Grita y la Ceiba; el representante de Copei y AD judicializados, Juan Carlos Alvarado, apuesta a una frontera próspera sin corrupción; Daniel Ceballos, del partido Arepa, dice que impulsará las nuevas tecnologías y creará una bolsa agrícola digital para promover la producción; Juan Carlos Palencia, de la organización Gana, promete mejorar los servicios públicos y María Teresa Cantor, del partido Lápiz, habla de la protección al adulto mayor, la mujer, la salud y la educación.

“A mi hijo lo mató el gobierno”

Julio Valerio García, tachirense de 40 años de edad, fue la primera víctima del 28 de julio de 2024. El comerciante se encontraba esperando los resultados en la Escuela Jhon F. Kennedy, municipio Guásimos, Táchira, cuando hombres armados a bordo de camionetas blancas, sin placas, dispararon contra un centenar de personas que estaban en el centro de votación.

“Empezaron a dispararnos, yo escuché muchas detonaciones y le dije a mi hijo vámonos. Cuando volteo, le veo un tiro en la mandíbula. Lo agarré, nos tiramos los dos al piso, comencé a pedir ayuda, eran muchos los disparos que se oían. Me quité el suéter y se lo amarramos en la herida. Lo llevamos al hospital (de San Cristóbal) y allí un médico nos informó que mi hijo había llegado sin signos vitales”, recordó con mucho pesar Valerio García Bravo, padre del comerciante.

En ese hecho al menos 15 personas resultaron heridas, el señor Valerio fue una de ellas. Tenía tres perdigones incrustados en su cuerpo.

“Cuando me estaban atendiendo llegó el Sebín a interrogarme, y, en vez de preguntarme por lo sucedido, me preguntaron a qué partido político pertenecíamos mi hijo y yo”, contó. 

El 28 de julio, muy temprano, fueron a votar en familia y a las 6 de la tarde regresaron al centro de votación, ubicado a unos 150 metros de su casa, a esperar los resultados.

“Allí estuvimos esperando, todos muy contentos, cantando. Cerraron el centro y nosotros nos quedamos afuera. La gente estaba muy alegre, pero a eso de las siete de la noche llegaron unos carros blancos y empezaron a disparar, tirar morteros y bombas de humo”, relató  Valerio García. 

La investigación del caso, que ocurrió en presencia del Plan República, sigue abierta y  los abogados defensores presentaron medios de prueba, como videos, fotos y testimonios de las víctimas, pero hasta la fecha no se han establecido responsabilidades ni individuales, ni colectivas.

“Me siento mal, lleno de dolor. A mi hijo lo mató el gobierno.La gente que llegó eran los colectivos. Yo tengo miedo. Mi esposa,mis hijos están iguales, solo creo en la justicia de Dios.” 

“Mi casa fue allanada y mi familia amenazada de muerte”

“Después de las elecciones nosotros nos resguardamos, no estábamos en nuestra casa porque ya se estaba viendo la persecución a nivel de toda Venezuela y efectivamente el 8 de agosto llegó el Cic a mi casa, en dos patrullas. Los vecinos nos avisaron, pero por fortuna no estábamos allí”.

Este es el testimonio de una abogada, activista de derechos humanos, integrante de Proyecto Venezuela y testigo nacional en las elecciones del 28 de julio. Ella, cuya identidad está bajo reserva, es una de las dirigentes que tuvo que huir junto a su familia.

Días previos a las elecciones fue detenido en Táchira el empresario Ricardo Albacete, quien hospedó en su casa a la líder opositora María Corina Machado, en su gira por la región. La vivienda y galpones industriales del comerciante fueron allanados y le confiscaron todos sus bienes. El hijo de la abogada trabajó en la logística para la visita de Machado el 17 de julio de 2024 y lo tuvo que sacar del país, tras recibir amenazas en su contra.

La activista siguió en resguardo hasta que se vio obligada a escapar por la frontera junto a su esposo. Estuvieron un tiempo en Colombia, pero  volvieron al país  y ahora viven lejos de la región tachirense.

“Todos estamos en la clandestinidad por la persecución, allanamientos, operación tuntún. El asesinato del activista  Edwin Santos nos llenó de terror. La clandestinidad es ahora la fuerza de muchos líderes, seguimos trabajando. Estamos en los árboles altos como los loros y las guacamayas”, dijo.

La activista ve el 25 de mayo como “un show montado por un gobierno que desconoció la voluntad expresada el 28 de julio de 2024”.

Oposición desmembrada 

El exgobernador César Pérez Vivas es otro tachirense fuera de su estado y su país. Está en el exilio y sostiene que el gobierno de Nicolás Maduro le dio un golpe a la soberanía popular y desató una de las más brutales arremetidas contra el liderazgo político opositor en Venezuela. 

Más de 400 dirigentes tachirenses, asegura Pérez Vivas, se vieron obligados a dejar sus domicilios. Muchos se fueron a territorio colombiano. 

“El contexto que obligó a los dirigentes a abandonar el territorio nacional es un contexto de muerte, de crimen, de persecución, de hostigamiento, de utilización de las fuerzas del Estado. Pero también de fuerzas paralelas como la guerrilla colombiana, que actuaron para intimidar y perseguir a los dirigentes. Ureña, Bolívar, Rafael Urdaneta, Junín, Seboruco, García de Hevia, Panamericano, Lobatera son municipios donde factores de la guerrilla colombiana adelantaron medidas de presión e inclusive crímenes como el ocurrido en Lobatera, donde uno de los dirigentes de la oposición fue asesinado por estos grupos”, añadió.

Destacó que todo esto ha impactado el liderazgo político en relación con el 25 de mayo, “No hay elecciones en Venezuela, lo que hay es un acto político de Nicolás Maduro para pasar la página del evento electoral del 28 de julio del año pasado”.

Recordó que los partidos políticos fueron intervenidos a través del Tribunal Supremo de Justicia y que los que hoy participan son agentes del gobierno que no representan a la sociedad democrática.

“Es lamentable que algunos actores que en el pasado fueron receptores de la confianza ciudadana, hoy se estén prestando para tratar de legitimar a un gobierno que no hay forma de legitimarlo…”

Aseguró que el liderazgo del Táchira se preserva en la clandestinidad, pero dijo que también hay varios en la cárcel viviendo el terror y otros que murieron en la lucha por la libertad de Venezuela.