Saab acusa a Ortega Díaz de «autora intelectual» de muertes durante cuatro meses de protestas

Tarek William Saab, fiscal general de la República designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), acusó a la exfiscal Luisa Ortega Díaz de “autora intelectual” de cada uno de los muertos que ocurrieron durante los cuatro meses de protestas antigubernamentales que se llevaron a cabo en Venezuela entre los meses de abril y julio.

La acusación la hizo este jueves, 17 de agosto, durante la sesión de la ANC en la que en representación del Consejo Moral Republicano, se subordinó al poder constituyente y puso a la orden del organismo los cargos de Fiscal General de la República, Contralor General de la República y Defensor del Pueblo.

Saab señaló que en la conciencia de Ortega Díaz pesará el luto y la tragedia que arropó al país durante los meses de protestas opositoras. “Su intervención del 31 de marzo apuntó a que hubiese en este país una intervención extranjera”.

Dijo que a partir de entonces, la para entonces Fiscal General de la República pronunció “múltiples declaraciones infames”. Dijo que “cada declaración generaba más muertos y heridos, que los organismos internacionales buscasen aislar a Venezuela, cada comparecencia buscaba que en Venezuela se diera una conflagración interna”.

“La fiscal apostó a la disolución del Estado, asumiendo atribuciones que no le correspondían, como decidir la constitucionalidad de los actos del poder público, se arrogó esas competencias… Su actuación fue cómplice con los actos de violencia en todos los sentidos“, dijo.

Red de extorsión

En función de la denuncia hecha por Diosdado Cabello, el Fiscal señaló que inmediatamente activaron a sus directivos para llevar adelante las investigaciones pertinente.

Sobre el caso, informó que inmediatamente se dictó una orden de aprehensión contra Luis Sánchez Rangel, ex fiscal auxiliar de la Fiscalía 55, quien se encuentra privado de libertad. “Ya le dimos plenas garantías para que aporte información importante”, afirmó.

Dijo que en las investigaciones determinaron que a Pedro Alexander Lupera Zerpa, Fiscal 55 nacional con competencia plena, le entregaron los casos más emblemáticos de presunta corrupción: Odebrecht y Pdvsa.

Este fiscal, según la denuncia de corrupción hecha por el constituyente Diosdado Cabello, habría abierto una cuenta en las Bahamas en compañía del diputado de la Asamblea Nacional, Germán Ferrer. “Estamos solicitando a Interpol que el exfiscal Lupera sea puesto a la orden de los tribunales de este país”, dijo Saab.

Durante su discurso, el fiscal designado exhortó al diputado Ferrer a renunciar a su inmunidad parlamentaria y preséntese ante la justicia venezolana para que se pruebe no inocencia en los casos de corrupción denunciados por los constituyentes.

Conminó a Gioconda González, la exdirectora del Despacho de Luisa Ortega Díaz, involucrada también red de extorsión denunciada por Cabello, a “ponerse a la orden de los tribunales y no huir por los caminos verdes”.

Cartel dentro del Ministerio Público

En los diez días que lleva desempeñando el cargo de Fiscal General, explicó Saab, descubrieron una red de extorsionadores y chantajistas. “Esa red derivó en un cartel porque lo que hemos descubierto ha sido muy grave. El órgano garante de la legalidad y la justicia fue convertido en una especie de laboratorio en el que hemos aprehendido a cinco funcionarios que intentaban cobrar comisiones por la realización de sus funciones”.

Ratificados en sus cargos

Antes de que la presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez, procediera a ratificar en sus cargos tanto al Fiscal General, como al Contralor General y al Defensor del Pueblo, Saab hizo dos “propuestas constituyentes”. Propuso se incluya en la Constitución y en las leyes la tipificación de los crímenes de odio como delito, y que se realice una reforma profunda del Código Penal.

“Es el momento de saldar una deuda histórica. Hay que replantearse la forma en la que se istra justicia. Debe dejar de ser clasista, porque se convierte en racista. Las penas deben dejar de ser los castigos. Las medidas cautelares deben dejar de ser la excepción. La primacía de los ddhh debe estar presente. La sanción es parte esencial del sistema penal pero también lo debe ser la rehabilitación y reinserción de esta población”.

Finalmente, reiteró la primacía de la jurisdicción penal ordinaria sobre la jurisdicción militar. Pidió que los casos de civiles presentados durante ante tribunales militares pasen a la jurisdicción ordinaria. Sobre estos casos, dijo haberse reunido con el general Henry Timaure, presidente de la Corte Marcial. “Estamos trabajando de manera conjunta para levantar un informe sobre estos casos”, dijo.