La sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio no solo condena a 18 años de cárcel por corrupción al presidente en ejercicio Nicolás Maduro, sino que libra una nueva orden de captura en su contra a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).
TSJ en el exilio condena a Maduro a 18 años de cárcel por corrupción y legitimación de capitales
Pero ¿qué efectos concretos tiene esta sentencia sobre el mandatario venezolano?
“La decisión emitida por un grupo de magistrados del TSJ en el exilio es un hito importante ya que revela hechos gravísimos de corrupción en Venezuela vinculando directamente a las más altas autoridades del Gobierno (…) Ahora bien, veo difícil que Interpol emita la alerta contra Maduro ya que, al estar presidiendo un Gobierno, en principio cuenta con inmunidad diplomática y por ende Interpol solo emitiría esa alerta roja en caso de que la solicitud venga de un tribunal internacional como la Corte Penal Internacional“, explica el abogado especialista en derecho internacional, Mariano de Alba.
El también especialista en relaciones internacionales agrega que “la decisión de los magistrados en el exilio tiene el efecto de debilitar aún más la imagen nacional e internacional del régimen de Maduro”.
La internacionalista Giovanna De Michele señala que para que esta orden de captura se produzca, Interpol tendría que reconocer primero al TSJ en el exilio como legítimo, lo que implicaría desconocer al Poder Judicial que encabeza Maikel Moreno en Venezuela.
Sin embargo, la profesora universitaria destaca que la declaración del Presidente venezolano como culpable de cometer hechos de corrupción obliga a los Estados que suscriben la Convención de Palermo (también conocida como la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional) a evaluar su relación con el régimen venezolano.
“Esta convención no autoriza ningún tipo de intervención extranjera, pero sí contempla la posibilidad de confiscar bienes de personas involucradas en los delitos señalados que se encuentren en alguno de los estados parte”, afirma.
Denuncia ante la I
Contra Nicolás Maduro también reposa una denuncia por violación de derechos humanos ante la Corte Penal Internacional (CIP) hecha por el ahora presidente de Colombia, Iván Duque.
Duque hizo la denuncia con el apoyo de 76 senadores de Colombia y 50 del parlamento chileno en 2017.
“La emisión de la orden de arresto por parte de la Corte Penal Internacional sí haría prácticamente seguro que Maduro quede incluido en la lista de alerta roja de Interpol”, declara el abogado De Alba.
No obstante, aclara que la aprehensión “dependería de que Maduro viaje a la jurisdicción de un país con voluntad de arrestarlo (…) Los países que son parte del Estatuto de Roma tienen la obligación de ejecutarla”.
De Alba agrega que la orden limitaría la capacidad de movilizarse de Maduro fuera de Venezuela, “ya que tendría que asegurarse de viajar a países en los que esté seguro no va a ser arrestado y entregado a la Corte”; es decir, la orden incrementaría el aislamiento internacional del Gobierno venezolano.
Sin embargo, la actuación de la I parece poco probable en el corto plazo, a juicio del especialista en derecho internacional.
“La denuncia o referimiento de la situación por parte de Colombia y otros países lo que ocasiona es mayor presión para que la Fiscalía de la Corte investigue con mayor premura y eficiencia el caso y llegue a conclusiones más rápido. Pero al final del día la decisión sobre si pasar a la fase de investigación formal y o emitir alguna orden de arresto, sigue estando en la Fiscalía de la Corte, luego de su análisis de todos los elementos de prueba y circunstancias”, argumenta.
La internacionalista Giovanna De Michele subraya que la inmunidad diplomática de Maduro como Presidente no lo salvaría de ser juzgado por la Corte Penal Internacional.
“El Estatuto de Roma no establece lapsos procesales, puede pasar mucho tiempo para que la Fiscalía de la I se pronuncie y considere si hay suficientes elementos para presumir que se cometió algún delito y activar formalmente el juicio”, afirma.
Acciones desde la OEA
La Organización de Estados Americanos (OEA) también critica a Maduro. Recientemente, el secretario de este organismo, Luis Almagro, convocó al Consejo Permanente para discutir la crisis migratoria venezolana.
Almagro también ha emitido informes en los que llama dictador al mandatario venezolano y lo acusa de violar derechos humanos.
Sobre esta convocatoria, De Michele expresa: “Lo máximo que pudiera lograrse en el Consejo Permanente es una condena al Gobierno venezolano por ser responsable de generar la ola migratoria y tratar de coordinar estrategias entre los países del continente sobre el tratamiento que tendrán los venezolanos en esos países”.
Foto: elcooperante.com