El ex preso político y líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, llegó a Madrid (España) este domingo 25 de octubre, luego de abandonar la residencia del embajador de España en Caracas y salir del país.

Su llegada fue confirmada por su padre, Leopoldo López Gil, a la agencia de noticias Agence – Presse. 

Medios de comunicación españoles dieron a conocer la salida de Leopoldo López de la residencia del embajador de España, ubicada en el Country Club de Caracas, el pasado sábado; en lo que según fuentes cercanas fue una decisión “voluntaria y personal”. Según su padre, Leopoldo López Gil, salió el pasado viernes y “muy pronto” estaría en España, donde vive su familia.

Seis años bajo la mira

Hace más de un año, el 30 de abril de 2019, Leopoldo López fue liberado por efectivos liderados por Cristopher Figuera, en ese entonces al frente del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Luego de su liberación y ya en la residencia del embajador de España, el 28 de agosto de 2019, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, designó a López como Comisionado para el Centro de Gobierno. 

Estuvo tres años y medio preso en Ramo Verde y 21 meses en su residencia, como parte de una medida de casa por cárcel. Líder del partido Voluntad Popular se entregó a las autoridades venezolanas el 18 de febrero de 2014, después de que un tribunal de Caracas ordenara detenerlo por supuesta instigación a la violencia como uno de los convocantes de una manifestación que terminó con tres muertos y decenas de heridos seis días antes.

Fue a una prisión militar acusado de los delitos de instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio. Acabó condenado en septiembre de 2015 a casi 14 años de prisión. Fue la jueza Susana Barreiros quien lo condenó a 13 años, 9 meses y 7 días de cárcel, a pesar de la protesta de la principal testigo del Ministerio Público, quien aseguró que su investigación del discurso de López fue manipulada y no debió usarse como prueba condenatoria.

El 27 de octubre de 2015, el fiscal Franklin Nieves, a cargo de la investigación, itió públicamente que no había fundamentos jurídicos para acusar al dirigente por los delitos que se le atribuyen.