La oposición venezolana se vio atrapada en una fuerte turbulencia de cuatro días, a raíz del escándalo de corrupción develado el 1 de diciembre por el portal de periodismo de investigación Armando Info.
El reportaje publicado que involucra a diputados de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN) en la gestión para favorecer a empresarios propietarios de Salva Foods, acusados de corrupción en el suministro de alimentos al programa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), obligó al presidente encargado Juan Guaidó y a los legisladores señalados a dar muchas explicaciones los primeros días de la semana.
“No vamos a tapar los delitos de nadie (…) quien se niegue a colaborar con cualquier investigación es el primer conspirador contra su honor, contra el parlamento, contra sus hermanos y contra la causa de la libertad”, expresó Guaidó con contundencia la noche del mismo día en que se conoció la noticia, el domingo 1 de diciembre.
En concreto la publicación se refirió a que los parlamentarios Conrado Pérez (presidente de la Comisión de Contraloría), William Barrientos, José Brito, José Luis Pirela, Adolfo Superlano, Héctor Vargas, Guillermo Luces, Luis Parra y Chaim Bucaran habrían enviado cartas a distintos organismos internacionales en las que se liberó de culpa a los empresarios Alex Nain Saab Morán y Carlos Lizcano, sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y señalados de ilícitos en la importación de las cajas Clap.
Medidas inmediatas
Visiblemente contrariado, Guaidó no dudó en ordenar varias medidas contra “personas ligadas a la dictadura e individualidades” desde la AN el mismo 1 de diciembre. Punto por punto las especificó en su cuenta de Twitter:
1. Decretar la invalidez de todos los documentos presentados por la investigación, o expedidos por la AN o sus diputados, que exoneren a las empresas o ciudadanos vinculados con la corrupción. Se comunicará de esto a los organismos internacionales pertinentes.
2. Intervención y reestructuración inmediata de la Comisión de Contraloría de la AN.
3. Suspender a los Diputados involucrados en estas acusaciones de todas sus responsabilidades en el parlamento. Sobre este punto luego se aclaró que si bien los legisladores quedaban suspendidos de sus funciones en la citada Comisión no se les podía negar su entrada al hemiciclo de sesiones porque conservan su investidura como diputados electos por voto popular.
4. Abrir una investigación independiente y exhaustiva, con la participación y veeduría de ONGs, colegios profesionales, medios y periodistas independientes.
5. Invitar a los periodistas a presentar ante el parlamento el desarrollo de esta investigación.
6. Comunicar a organismos nacionales e internacionales que ningún funcionario del gobierno legítimo o diputado del Parlamento venezolano está autorizado para expedir documentos o avales de “buena conducta”, o con fines relacionados sobre empresas o ciudadanos.
7. Ratificamos al pueblo de Venezuela la convocatoria abierta para que aquellos ciudadanos interesados en asumir el cargo de Contralor especial de la República se postulen.
8. Solicitaré al comisionado Julio Borges y al Embajador Gustavo Tarre Briceño a llevar a la próxima reunión del Tiar (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca), el martes 3 (de diciembre), los datos y nombres de quienes han salido en esta investigación, y que se tomen medidas para investigar y perseguir a los corruptos.
Los partidos de oposición castigaron
Los partidos políticos de la oposición, a los que pertenecen los señalados, no se quedaron atrás y a través de las redes sociales difundieron comunicados ese domingo. Primero Justicia informó que el diputado Luis Parra fue separado de la Comisión de Ambiente al igual que Conrado Pérez y José Brito de Contraloría, tampoco harán vida en la fracción parlamentaria. Sus funciones dentro de la tolda igualmente fueron suspendidas mientras son sometidos a un proceso disciplinario.
Voluntad Popular asumió una conducta similar con los diputados Richard Arteaga y Guillermo Luces. El lunes 2 de diciembre, el dirigente Yon Goicochea reafirmó la postura de la organización y advirtió que “no caben los ricos de la política en este partido, el que quiera hacerse rico lo vamos a castigar, no habrá impunidad”.
Denunció que está en marcha una “operación alacrán” para sobornar diputados que consiste en ofrecer a los parlamentarios un millón de dólares para que no voten por la ratificación de Guaidó en la presidencia de la AN el 5 de enero.
Un Nuevo Tiempo (UNT) también sancionó a los legisladores William Barrientos, Héctor Vargas y Chaim Bucarán al apartarlos de la Comisión de Contraloría para facilitar el proceso.
“Me gusta cuando ventea porque la plaga se va. En ese pleito de la corrupción en la dirigencia opositora no hay hueso sano. Acusaciones irán y vendrán entre ellos mismos, son una sociedad de mercaderes de la política. Esto se pone bueno y nosotros venceremos”, reaccionó el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosadado Cabello en su cuenta de Twitter, al conocerse la información.
Defensa propia
Desde Armando.Info se indicó que existían sospechas sobre los diputados desde hace 4 meses, mientras que el legislador José Guerra alertó el 6 de noviembre sobre el «maletín verde» para comprar parlamentarios.
El primer señalado en alzar la voz delante de los medios de comunicación fue el diputado José Brito, quien aparte de negar que conoce a Alex Saab y aclarar que no formaba parte de la Comisión de Contraloría para el momento de los hechos, basó su defensa en atacar a Guaidó a quien calificó de «corrupto y compinche» de Nicolás Maduro.
El martes 3 de diciembre un desfile de declaraciones sobre el tema sirvió de antesala a la sesión ordinaria de la AN. El primer aludido en llegar en horas de la mañana fue el diputado Barrientos, quien juró que “prefería suicidarse que amparar corruptos”. Mostró copias ampliadas de unas cartas con las que intentó comprobar que no firmó documento alguno a favor de Saab y Lizcano porque para 2018 tampoco formaba parte de Contraloría.
Alertó sobre una operación para acabar con la AN a partir de un pase de factura por investigar corrupción en Pdvsa durante la gestión de Rafael Ramírez. Reiteró su respaldo a Guaidó.
Le siguió el presidente encargado para asegurar que la AN se mantiene como institución sólida y que lo importante es que están dando la cara e investigando con fuerza los casos de corrupción. José Luis Pirela coincidió con Barrientos en el pase de factura y rechazó que se involucraran a todos los integrantes de la instancia intervenida sin que se presentaran mayores pruebas.
“Que Guaidó rinda cuentas del dinero que se rumbeó, vamos a ver cuántos diputados van a votar por la corrupción el 5 de enero”, alardeó el jefe de la fracción parlamentaria del Psuv, Francisco Torrealba, a quien la AN no reconoce como legislador por haber sido ministro de Nicolás Maduro. Sugirió tanto a Guaidó como a los diputados separarse de sus cargos para facilitar las averiguaciones.
Héctor Vargas y Adolfo Superlano apelaron a la “falsificación de firma” en las cartas de la discordia como argumento a su favor. Superlano anunció que no votará por Guaidó para que repita al frente de la AN.
En declaraciones fuera de la AN, Conrado Pérez itió que sí cerraron en la Comisión de Contraloría que presidió algunas investigaciones relacionadas con empresas de Alex Saab y que todo se hizo de forma transparente. Indicó que firmó los expedientes pero que jamás se emitieron cartas de buena conducta porque no es el rol de la instancia.
La comisión que investiga a la oposición
En la sesión del 3 de diciembre fue designada la comisión especial para investigar el caso. El grupo encabezado por el primer y segundo vicepresidente de la AN, Edgar Zambrano y Stalin González está integrado además por los diputados Marialbert Barrios y José Luis Cartaya. Zambrano informó que entregarían un informe sobre el caso para el 18 de diciembre.
El miércoles 4 de diciembre la comisión especial se reunió con cinco parlamentarios: Carlos Berrizbeitia, Guillermo Luces, Ismael León, Héctor Vargas y William Barrientos y solicitaron copias certificadas a Colombia, España, Italia, Bulgaria y Francia para determinar las actuaciones que realizaron los diputados acusados durante giras no autorizadas por la directiva de la AN. El resto de los involucrados fueron citados para el lunes 9 de diciembre.
El diputado Luis Parra esperó al 4 de diciembre para decir que es inocente y expresar: “Están en el derecho de señalarme, pero siempre que se me respete el derecho a la defensa y la presunción de inocencia (…) Estoy presto a que se realice la investigación. Tampoco tengo problemas para pedir disculpas. Todos en la vida a veces cometemos excesos”. Se desligó de la gestión de Guaidó y lo culpó de la decepción de la gente al errar en el camino del cese de la usurpación.
Finalmente el contralor general de la República designadopor la ANC, Elvis Amoroso, se puso “a la orden” para recibir de parte de la AN las denuncias de corrupción, dentro de la oposición, para proceder a inhabilitar a los diputados declarados como responsables.
Es la segunda trama de corrupción que ha sacudido la gestión de Guaidó al frente de la presidencia interina y en general a la oposición. El primero fue el denominado “cucutazo” en febrero, cuando se denunció malversación de dinero destinado a fondos de ayuda humanitaria para los militares que desertaron del régimen de Maduro, lo cual es investigado por la Fiscalía Colombiana y que involucra a del partido de oposición Voluntad Popular.
Analistas políticos como Benigno Alarcón indicaron que los hechos no perjudicarán el liderazgo de Guaidó, en tanto la AN demuestre que castigará la corrupción venga de donde venga, así sea de factores de la oposición.