María Laura Chang / @MarilaChang
Foto: telegraph.co.uk
La tarde de este viernes fue imputada Cristina Kirchner, la presidenta argentina, por presuntamente encubrir a iraníes involucrados en las investigaciones del atentado de coche bomba a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) ocurrido en Buenos Aires en julio de 1994.
El fiscal Gerardo Pollita acusó a la presidenta, al canciller Héctor Timerman, al diputado Andrés Larroque, al dirigente Luis D’Elía y al líder del partdio Quebracho, Fernando Esteche por “los delitos de encubrimiento por favorecimiento personal agravado, impedimento o estorbo del acto funcional e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, según el documento_que se presentó.
Pollita es el sucesor del Alberto Nisman, fiscal que durante 18 años recabó pruebas del caso y el 14 de enero presentó una denuncia contra la gobernante, acusándola de encubrir a los sospechosos para aligerar las relaciones comerciales con Irán y llegar a un acuerdo de intercambio. Cuatro días después, Nisman falleció en extrañas circunstancias. La reacción de Kirchner ante tal hecho desató polémica en la opinión pública, pero mantuvo la atención en el caso.
Investigaciones de Nisman
Según La Nación de Argentina, las pruebas de Nisman ubican a la presidenta argentina como partícipe de una negociación para levantar las acusaciones contra Teherán y así poder comprarle petróleo barato a cambio de granos. “Para eso acordó montar una pista falsa en la que se acusara a grupos ‘fachos locales’, de modo de fabricar la inocencia de Irán” destaca el reportaje de prensa.
Será el juez Daniel Fafecas quien decida si entran en escena las medidas solicitadas por el fiscal. El diario español El País Internacional afirma que Fafecas se verá en la obligación de adelantar el regreso de sus vacaciones de verano para hacerse cargo de la denuncia este mismo miércoles 18 de febrero. Ésta sería la primera vez que un primer mandatario argentino se somete a un juicio mientras está en la Casa Rosada.
Respuesta oficial
Por su parte, el gobierno de Argentina presentó ante el juzgado documentos “jurídicamente relevantes” para desestimar el caso, que incluyen órdenes de captura internacional de Interpol emitidas contra los sospechosos iraníes, solicitudes de trámites de extradición, información de la Secretaría de Inteligencia y datos estadísticos del Ministerio de Economía sobre el intercambio comercial.
El secretario de Presidencia, Aníbal Fernández, aseguró que la imputación “no tiene ningún valor jurídico” y consideró que es una maniobra para desestabilizar y perjudicar la reputación del gobierno. “Pareciera que decir imputado es como ya estar semicondenado”, concluyó Fernández.