El Gobierno de Colombia, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, reiteró su petición a Venezuela para que cumpla el dictamen del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y libere a 59 ciudadanos presos en la cárcel La Yaguara, en Caracas.
Así se expresó el Ejecutivo neogranadino, este domingo 23 de diciembre, en un comunicado en el que insta al país gobernado por Nicolás Maduro a cumplir con este dictamen.
Además, recordó el mandato del Grupo de Trabajo que instó a Venezuela a realizar una investigación exhaustiva e independiente sobre las circunstancias de la detención de los 59 colombianos y tomar las medidas pertinentes contra los responsables, según recoge el texto de la Cancillería.
El Grupo de Trabajo de la ONU pidió el pasado viernes al Gobierno de Venezuela liberar “inmediatamente” e indemnizar a 59 colombianos detenidos hace más de dos años en el centro penitenciario de La Yaguara.
El dictamen de la ONU, proferido a instancias del Gobierno colombiano y publicado por la Cancillería, señala que “la detención de estos 59 connacionales es arbitraria, y que, en consecuencia, el régimen venezolano debe disponer sin dilación alguna su liberación inmediata, y concederles el derecho a obtener una indemnización y una reparación adecuada“.
Los colombianos fueron arrestados en diferentes operaciones de seguridad en septiembre de 2016 y fueron imputados por varios delitos, entre ellos terrorismo.
Específicamente, los colombianos fueron detenidos durante las llamadas Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP).
La Cancillería recordó este domingo que hasta el momento han dirigido un centenar de notas verbales y comunicaciones a las autoridades venezolanas.
Además, han realizado más de 80 visitas consulares periódicas, cerca de 40 reuniones presenciales y conferencias telefónicas con autoridades venezolanas, medio centenar de actividades con familiares de los colombianos “arbitrariamente detenidos” y más de una decena de asistencias médicas.
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Los colombianos que ya habían recibido orden de excarcelación de un tribunal, no fueron dejados en libertad pese a la orden dada por ese juzgado. Por el contrario, después de dos años se anunciaron cargos en su contra, el pasado 29 de noviembre.
Los delitos por los que se le acusa son terrorismo, asociación para delinquir y falsificación de documentos, a pesar de que contaban con una boleta de liberación desde 2017.
“No dejaron pasar a los abogados defensores y les impusieron defensores público, a pesar de que estábamos ahí. Tuvimos que quedarnos afuera al aguardo de una deportación o de una liberación, como se esperaba”, confirmó a Efecto Cocuyo, Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal hace tres semanas.
Con información de EFE/ Foto: noticiasaldiayalahora.co
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