Es falso que el poder constituyente sea plenipotenciario, explica Óscar Vallés

La decisión que tomó la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) el pasado viernes, 18 de agosto, de asumir competencias legislativas, representa “una conculcación de las atribuciones del parlamento venezolano, dejándolo sin ningún tipo de competencia en materia legislativa y de contraloría”.

La afirmación la hace Óscar Vallés, politólogo y jefe del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad Metropolitana (Unimet), quien además aseguró que esta ANC, en el supuesto negado de que fuese legítima, no es plenipotenciaria ni supraconstitucional.

“El carácter plenipotenciario de la ANC no está planteado en la Constitución. No existe el suprapoder de la Constituyente. Es falso que sea plenipotenciaria, es decir, que sus decisiones deban ser cumplidas por cualquier poder constituido. Asumirla como tal es una perversión”, sostiene el politólogo.

En los artículos 333, 347, 349 y 350 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela estarían establecidos, a juicio del politólogo, los límites y atribuciones del poder constituyente, por tal razón le alarma que tanto el oficialismo como varios voceros de la oposición venezolana se refieran a la Constituyente como un órgano plenipotenciario.

El artículo 347 establece que la ANC tiene como atribuciones transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución. Para Vallés, el decreto a través del cual el órgano asume funciones legislativas no se enmarca en ninguna de tales funciones, por lo que puede entender entonces como un “acto de fuerza”.

Si la actuación de la ANC no se corresponde con las atribuciones que constitucionalmente le corresponden sino con actos de fuerza que violenten los principios democráticos, sus actuaciones deben ser desconocidas según lo establecido en el artículo  350 de la Carta Magna.

El académico asegura que el artículo 350 pone límites al poder constituyente, al establecer que “el pueblo de Venezuela  desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos”.

No objeción versus subordinación

La ANC lleva ya más de dos semanas en funciones, y desde su instalación, el 4 de agosto, los representantes del Poder Ejecutivo, Judicial, Electoral y Moral han acudido a sus sesiones ordinarias para subordinarse y poner sus cargo a la orden del órgano constituyente.

Vallés asegura que tales actos de subordinación tampoco se corresponden con lo planteado constitucionalmente. “No objetar la nueva Constitución y no impedir las decisiones de la ANC, como lo señala el artículo 349, no puede entenderse como subordinación”.

La ANC por representar el poder constituyente, explica el profesor, no puede impedir, por ejemplo, una decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), así como tampoco el TSJ puede impedir una decisión de una ANC legítima.

“Los poderes públicos no pueden impedirse, de oficio, las decisiones que tomen los mismos. Hay procedimientos para mostrar desacuerdos, para solicitar se reconsideren decisiones tomadas por los poderes, se puede apelar, pero ningún poder puede impedir las decisiones de otro poder“, sostiene.

Usurpación

La Constituyente, acota el profesor, en caso de que fuese legítima, no puede usurpar la soberanía popular. “Los constituyentes representan la soberanía popular pero no usurpan la soberanía popular, y lo que están haciendo los de la ANC es una usurpación“.

Considera que esta ANC es ilegítima por varias razones: porque el presidente Maduro usurpó la atribución de convocatoria que le corresponde el pueblo, convocando la ANC; porque el CNE usurpó también el rol del pueblo en cuanto a la convocatoria, y se la concedió a Maduro; y porque la ANC, con sus decisiones, pretende usurpar la soberanía popular.

Finalmente, el profesor juzga necesario que los distintos sectores y actores de la sociedad venezolana hagan énfasis en los límites que constitucionalmente tiene el poder constituyente. No cree que esta acción frene las acciones inconstitucionales de la ANC, pero asegura que tal medida “ayuda a una ciudadanía que tiene confusión, que requiere referentes y que tiene que entender el reto que tiene por delante”.