Desde que el Gobierno de Nicolás Maduro y una parte de la oposición venezolana, representada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), decidieron sentarse por cuarta vez en una mesa de diálogo poco es lo que han concretado en las reuniones en República Dominicana para llegar a un acuerdo que permita al país salir de la crisis política, social y económica.
Cuando anunciaron una nueva oportunidad para negociar esta vez en Santo Domingo con la mediación del presidente de este país, Danilo Medina, apoyado por José Luis Rodríguez Zapatero -que ha sido el único que se mantiene desde los primeros intentos fallidos entre las dos partes- las críticas han sido constantes de sectores de la oposición que consideran que conversar con los delegados de Maduro es “legitimar la dictadura” o darle tiempo para recomponerse.
En diciembre de 2017 se vieron por primera vez y a diferencia de las otras tres ocasiones la presencia de cancilleres de Bolivia, Nicaragua y San Vicente y las Granadinas, como garantes por el oficialismo, y de Chile y México, por la oposición, dio un mensaje de que el proceso tenía un respaldo internacional que permitiría llegar a un encuentro.
Sin embargo, pasados casi dos meses de la primera reunión, México y Chile abandonaron la mesa, Voluntad Popular también se desligó y hechos como la muerte de Oscar Pérez y seis compañeros en El Junquito a manos de los cuerpos de seguridad, así como el adelanto de las elecciones presidenciales que decretó la Asamblea Nacional Constituyente, han llevado a mayor desencuentro.
Los temas que acordaron al reunirse no han cambiado. La oposición reclama la liberación de los presos políticos, la apertura de un canal humanitario para el a medicinas y alimentos, el reconocimiento de las funciones de la Asamblea Nacional y garantías electorales junto a la recomposición del Consejo Nacional Electoral para que haya elecciones libres y justas.
El Gobierno espera que la oposición reconozca a la ANC y que condene las sanciones económicas y políticas que tanto Estados Unidos, Canadá y más recientemente la Unión Europea han aplicado contra Pdvsa y funcionarios del Ejecutivo o de los poderes públicos.
Mientras en Dominicana se discuten estos puntos, en el país diversos han sido los voceros gubernamentales y opositores que han puesto presión al rechazar, por ejemplo, que Venezuela necesite ayuda humanitaria. Desde el propio Maduro pasando por su ministro de Salud, Luis López, y el primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, han negado esta posibilidad.
En el campo opositor las desaveniencias tampoco han faltado. Vente Venezuela y Alianza Bravo Pueblo que conformaron el Movimiento Soy Venezuela e incluso una fracción parlamentaria (16 de Julio) en la Asamblea Nacional, desde el principio han rechazado la posibilidad de negociar con el Gobierno.
Los que se han ido
En estos 60 días antes que Voluntad Popular anunciara la semana pasada que por “incumplimientos del Gobierno” dejaba las conversaciones, el 6 de enero Timoteo Zambrano, como representante de Un Nuevo Tiempo, también renunció a continuar su trabajo en el proceso, al alegar que el veto en su contra para que asumiera la presidencia de la AN constituyó una doble moral dentro del seno opositor que lo buscaba para acercarse al Ejecutivo, pero que a la vez lo criticaba por ello.
Los cancilleres de Chile y México también presionaron el 7 de enero con dejar su veeduría, cuando la ANC decretó que Primero Justicia, Voluntad Popular, Acción Democrática y la Mesa de la Unidad Democrática debían renovarse por no participar en las elecciones municipales del 10 de diciembre.
Sin embargo, pasaron dos semanas para que concretaran su decisión. Primero fue México en la voz de su canciller Luis Videgaray que se retiró cuando se convocaron por anticipado las presidenciales y más tarde Chile, cuando Heraldo Muñoz manifestó, este 31 de enero, su retiro indefinido, tras la reunión de tres días esta semana en Santo Doming
Las acusaciones
Tampoco han faltado las acusaciones y descalificativos contra los delegados. Julio Borges ha sido el blanco principal de estos ataques por parte del Gobierno. El presidente Nicolás Maduro lo calificó de “terrorista” en diciembre cuando lo acusó de ir por el mundo promoviendo el bloqueo económico contra el país, y hasta el jefe de la delegación oficialista, Jorge Rodríguez, lo quiso sacar del juego a principios de enero cuando afirmó que al haber dejado la presidencia del Parlamento nada tendría que hacer allí, porque debía ser reemplazado por el nuevo jefe de la AN, Omar Barboza.
Darle finiquito a la mesa ha sido también una de las exigencias; el último en asegurarlo fue el secretario general de AD, Henry Ramos Allup, quien este lunes 29 de enero afirmó que no podía haber “un diálogo infinito” y que si de la reunión de la semana no se obtenía nada debía cancelarle la negociación.
En esto coincidió Borges, quien este miércoles en su declaración al término de tres días de encuentro sostuvo que si en los próximos días no se lograba con las consultas en Caracas avanzar en lo que siguen estancados, tendrían que cerrar “este capítulo“.
Pese a esto, el Gobierno insiste en que tienen un preacuerdo y que con esto el lunes, 5 de febrero, podría firmarse la negociación en Dominicana, pero no ha dejado de denunciar supuestas presiones contra la oposición por parte de países como Estados Unidos, concretamente el Departamento de Estado, y también de la Unión Europea por sus sanciones contra siete funcionarios del Gobierno.
No obstante, es poco lo que se ha dicho en qué han avanzado y en qué no. Mientras Borges habló en principio del tema alimentario y medicinas, el oficialismo ha negado esta posibilidad y aunque Jorge Roig adelantó que el tema electoral es la piedra de tranca, Jorge Rodríguez señaló este miércoles. 31 de enero, que sobre ese punto sí hay avances.
Qué se logró
La única acción concreta fue la liberación de presos políticos, que se dio entre los días 23 y 24 de diciembre. En ese entonces Delcy Rodríguez, como presidenta de la ANC y miembro de la delegación del Gobierno, anunció que serían puestas en libertad 80 personas relacionadas con las protestas de los años 2014 y 2017; tan solo 44 de ellas fueron liberadas.
Estas liberaciones tampoco han estado exentas de polémica. La ONG Foro Penal ha sido la más crítica. Comenzó cuestionando la presencia de las listas y el número de encarcelados por motivos políticos y se negó a participar en las negociaciones, si en estas no participaban el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Organización de Estados Americanos. Y por último afirmó su director ejecutivo, Alfredo Romero, que el diálogo en vez de permitirle salir de la cárcel a venezolanos, por el contrario las frenó.
Ahora queda esperar si las dos partes logran, con sus discusiones en Caracas, volver a la cancillería dominicana para que haya luz verde y una salida consensuada para el bien del país, o se mantiene cerrado el juego y se radicalizan posiciones de los dos sectores.
Lo más nuevo
Este viernes 2 de febrero, el presidente de la República Nicolás Maduro, ya investido como candidato del PSUV a las elecciones le puso más presión a los delegados opositores, cuando dijo que se vencía el plazo de 72 horas y anunció una reunión entre Jorge Rodríguez, los delegados de la MUD y los precandidatos presidenciales de los factores adversos al oficialismo.
“Ya todo lo que se iba a hablar se habló, o firmamos o firmamos. Y nosotros vamos a ir a las elecciones, con o sin ustedes”, manifestó Maduro ante los delegados del tercer congreso del partido oficialista y se quejó del “mangüereo”, además de advertir que irá a los comicios presidenciales con la oposición o sin ella.
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