El Centro de Justicia y Paz (Cepaz) calificó de “ilegal e inconstitucional” la designación de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
La directora ejecutiva de esta ONG venezolana, Beatriz Borges, dijo que el nombramiento de la directiva del Poder Electoral es la continuidad de patrones que “socavan los derechos políticos de los venezolanos y que evidencian la ruptura de la institucionalidad democrática”.
El pasado viernes 12 de junio la Sala Constitucional designó a Indira Alfonzo como presidenta del CNE; a Rafael Simón Jiménez como vicepresidente y como rectores a Gladys Gutiérrez, José Luis Gutiérrez y ratificó en su cargo a Tania D’ Amelio.
Esto después de que el 5 de junio declarara la omisión legislativa de la Asamblea Nacional (AN) para nombrar a los rectores del CNE.
“Es una forma ilegal e inconstitucional que no conserva las garantías de elecciones auténticas en Venezuela y que además tiene un efecto nefasto en la ciudadanía de desmotivar el voto y de pérdida de confianza en los procesos electorales”, dijo Borges.
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Recordó que el comité de postulaciones electorales del Parlamento estaba en funciones, pero se decidió desconocer su trabajo.
“Sale esta forma agresiva a último momento, un viernes en la noche, con todo un mecanismo para llevarnos a un evento electoral que no va a ser solución para los venezolanos”, resaltó.
La decisión de la Sala Constitucional se basó en la petición que hicieron los partidos Cambiemos, Soluciones, el MAS, Avanzada Progresista y Esperanza por el Cambio, que el 4 de junio acudieron al TSJ a pedir que asumiera la designación de los rectores del ente comicial.
Más crisis
Borges explicó que en este escenario en Venezuela se acentuará la crisis política, base de la crisis multidimensional que vive el país, por lo que en vez de alcanzar una solución habrá más confrontación.
Dijo que las elecciones parlamentarias, previstas por mandato constitucional en 2020, con estas nuevas autoridades no puede llamarse un proceso electoral, sino un evento electoral que busca perpetuar en el poder al chavismo.
“La Asamblea Nacional era el único poder democrático y legítimo que tenía Venezuela, pero ahora se va a ver atacado por un proceso de cambio político o renovación de autoridades que no será una elección auténtica sino un evento electoral que no cuenta con las garantías”, reiteró.
Como lo viene denunciando Cepaz desde 2017 con sus informes “Estocada a la democracia” y “Deslave institucional“, el TSJ se usa como “un brazo ejecutor que busca como fin la permanencia en el poder del Ejecutivo”, sostuvo.
Favorecer al poder
Sobre la sentencia número 0068-2020 de la Sala Constitucional, que aún no ha sido publicada, Borges reiteró que el cambio de las circunscripciones viene siendo usada como ese patrón de socavamiento para favorecer a una parcialidad política, que se repetirá con esta decisión de cambiar el sistema actual por una “fórmula proporcional” y con la eliminación de la elección indígena por regiones.
“La sentencia tiene una grandes dificultades porque el cambio de las circunscripciones es uno de los patrones que también hemos denunciado como parte del socavamiento de los derechos políticos de los venezolanos y ha sido utilizado para tener escenarios favorables y ventajistas sobre los grupos que detentan el poder”.
Borges hizo hincapié que a la crisis política se le debe sumar la quema de las máquinas del sistema automatizado de votación en Venezuela y la emergencia sanitaria por el coronavirus, lo que hace más cuesta arriba un verdadero proceso electoral con garantías.
“Estamos en un momento bien complicado y desde la sociedad civil nuestro llamado es no a dejarnos llevar por la desesperanza ni la desesperación de la crisis en Venezuela”.
Las organizaciones de la sociedad civil hacen presión a organismos internacionales como las Naciones Unidas, a la que piden desde hace un tiempo su asistencia electoral para ayudar en el mediano plazo a construir una salida electoral democrática y alternabilidad en el país