El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) abrió un caso contra el gobierno de Nicolás Maduro para investigar la denuncia de fraude electoral en las presidenciales del 28 de julio. El anuncio incluye la exigencia de preservación de las actas de votación que el Poder Electoral venezolano se ha negado a publicar a la fecha, mientras se investiga.
Expertos consultados por Efecto Cocuyo señalan que si bien el alcance de la investigación es limitado porque la instancia internacional no tiene la capacidad de lograr que el gobierno de Maduro colabore, quedará aún más en evidencia que en el proceso electoral se cometieron “graves irregularidades” y que Miraflores no respeta los derechos humanos de la población.
Alcance limitado
“El alcance es limitado ya que el Comité de Derechos Humanos de la ONU no tiene forma de exigir el cumplimiento de la medida cautelar que dictó en el marco de ese procedimiento ni tampoco, eventualmente, tiene forma de obligar al Estado venezolano a poner en práctica las recomendaciones a las que llegue luego de transitado el procedimiento que apenas se inicia y le da a las autoridades del Estado venezolano seis meses para presentar su respuesta”, señaló el abogado experto en Derecho Internacional y Diplomacia, Mariano de Alba.
El abogado indicó que la tasa de respuesta ─que los Estados se involucren en el proceso y presentan sus respuestas─ e implementación de las recomendaciones de este mecanismo del Comité de DDHH de la ONU es bajo ─alrededor de 23% según un estudio realizado por la profesora la secretaria de Human Rights, Kate Fox Principi─ por lo que las consecuencias tangibles de que Miraflores lo ignore “son prácticamente nulas”.
“El procedimiento que se ha activado sigue teniendo serias deficiencias, siendo las más obvias el tiempo o retraso que suele ocurrir cuando se transita el procedimiento y la falta de una facultad de implementación de las decisiones a las que se llegan, salvo que el propio Estado involucrado esté interesado y dispuesto a implementarlo”, agregó.
El caso fue abierto por la denuncia que hicieron cinco abogados de la firma IHR Legal, radicada en Washington DC (EE. UU.), ante el Comité en el mes de octubre, sobre fraude electoral masivo, falta de transparencia, restricción al voto en el exterior, obstrucción al control ciudadano y supresión de a la justicia en Venezuela en las elecciones presidenciales del 28 de julio.
“El perfecto ejemplo de las limitaciones de la presión internacional para incidir ante un gobierno que no está dispuesto a reconocer o revisar los resultados electorales es la reciente sentencia de la Corte Interamericana sobre el caso de (Henrique) Capriles Radonski de 2013. Usualmente esos procedimientos internacionales se tardan mucho tiempo y al final la implementación de las decisiones y recomendaciones dependen de la voluntad del Estado involucrado, pero sí podrían terminar sirviendo para establecer estándares que sean implementados por otros otros países o por el Estado involucrado, cuando exista la voluntad política”, sostuvo De Alba.
Pronunciamiento relevante
El Comité de DD. HH. de la ONU es un organismo de 18 expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por sus Estados partes. De allí que explicó el experto en Derecho Internacional Público, Simón Gómez Guaimara, se pueden presentar denuncias sobre violaciones de tales derechos por parte de los Estados que han suscrito el Pacto.
“Las medidas provisionales buscan evitar riesgo de daños irreparables, en este caso la destrucción de las actas electorales y de todo el material electoral con los que se puede comprobar el resultado del 28 de julio y verificar las denuncias realizadas para que el Comité pueda revisarlos antes de tomar una decisión”, expresó.
Aclaró que con este anuncio el Comité no está decidiendo sobre el fondo del asunto, es decir, si se cometieron violaciones a los derechos civiles y políticos de la población venezolana durante las elecciones del 28 de julio, sino asegurando que durante la denuncia no se pierda el objeto de la investigación con la destrucción del material electoral.
“Es un pronunciamiento sumamente relevante de alcance global porque nunca antes el Comité se había pronunciado con medidas provisionales para salvaguardar derechos de carácter político y menos aún sobre el derecho al sufragio en un proceso electoral. Aun cuando la expectativa de cumplimiento de las medidas es muy bajo, por el poco respeto a las instancias internacionales en materia de derechos humanos por parte de Venezuela, la misma investigación constituye un precedente”, sostuvo Gomez Guaimara.
Tras las votaciones del 28 de julio, el Poder Electoral venezolano declaró a Maduro ganador sin mostrar las actas de escrutinio, pese a las denuncias de fraude de la oposición. El Comando con Venezuela que apoyó la candidatura de Edmundo Gonzalez publicó las actas en manos de sus testigos electorales, las cuales arrojaron que el exdiplomático venció a Maduro con 67% de la votación a su favor.
Concretamente, ante el Comité de DDHH de la ONU se denunció anuncio de resultados falsos; no publicación de las actas de escrutinio; restricción al voto en el exterior: obstrucción al control ciudadano y supresión de a la justicia con las sentencias del Poder Judicial que declaró válidos los resultados del CNE sin una auditoría transparente.
Impacto político internacional
Para Mariano de Alba, aun cuando el alcance legal del caso abierto por el Comité de la ONU sea limitado por la posición del gobierno venezolano, será un proceso seguido por gobiernos de la comunidad internacional y si no es respetado por Miraflores, influirá en las posiciones políticas que los países adopten a futuro.
“Podría contribuir a un mayor debilitamiento de la imagen internacional del gobierno de Nicolás Maduro, incluyendo mayor convencimiento en el marco del Comité de DDHH de la ONU de continuar con los mecanismos de vigilancia sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. El impacto es fundamentalmente político y pudiese servir para visibilizar y discutir el fraude electoral en los organismos que se encargan de vigilar el cumplimiento de los DDHH en la ONU como el Consejo de DDHH”, agregó.
Gómez Guaimara añadió que ante lo que se espera sea una falta de respuesta del Estado venezolano al Comité de la ONU, se hará más patente que ocurrieron violaciones a derechos fundamentales en las elecciones presidenciales. Apuesta a que la investigación de la instancia contribuya al establecimiento de la verdad sobre lo ocurrido el 28 de julio.