Hoy se están cumpliendo 175 días desde que se perpetró la masacre de El Ripial en el estado Apure. En total cinco personas fueron asesinadas presuntamente por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el 25 de marzo del presente año. Entre las víctimas, cuatro de ellas pertenecían a la familia Ramírez Remolina: Jeferson Remolina, Luzdey Remolina, Emilio Ramírez Ehiner Anzola, así como Julio Jiménez.
A los pocos días y por las insistentes denuncias de los familiares y organizaciones de derechos humanos, el Fiscal -impuesto por la extinta Constituyente- Tarek William Saab anunció el envío de una comisión del Ministerio Público para investigar. A casi seis meses guarda un sospechoso silencio. En ese silencio le acompaña el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruíz.
Un Fiscal tan acostumbrado a declarar y ufanarse de luchar contra la impunidad, no ha informado absolutamente nada.
Cabe la pregunta si ese silencio se debe a que pudiesen estar involucrados altos oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los mandos de las FAES. Y, se cumpliera una orden desde el Ejecutivo Nacional de garantizar impunidad.
Una de las consecuencias de no tener un Ministerio Público independiente, sino bajo órdenes de otros poderes públicos, es la impunidad.
Además, es una constante, tanto de la Fiscalía como de la Defensoría, evadir cualquier investigación que involucre los altos mandos de las policías y mucho más a ministros.
En el asesinato por tortura del capitán Rafael Acosta Arévalo, ninguno de los mandos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar ha sido investigado, solo para señalar un ejemplo reciente.
Pero en la masacre de El Ripial, no se ha informado de investigación a la cadena de mando y tampoco de quienes detuvieron y dispararon contra las 5 personas asesinadas de manera arbitraria y cobarde. Debe investigarse a quienes accionaron el gatillo, quienes dirigieron y los altos mandos militares que coordinaban las operaciones.
No se ha detenido ni procesado a ninguno de los presuntos responsables, pero el Fiscal si tuvo la valentía de cumplir la orden de detener, encarcelar y procesar a Rafael Tarazona, Javier Tarazona y Omar García, defensores de derechos humanos quienes denunciaron y documentaron la masacre. Para detener defensores no le tembló el pulso.
La conducta del Ministerio Público y de la Defensoría justifican plenamente el necesario trabajo de la Misión de Determinación de Hechos y que se avance en la Corte Penal Internacional a fase de investigación.
Existe un andamiaje institucional alineado para garantizar impunidad y en el caso de los altos mandos comprometidos en graves violaciones de derechos humanos y en crímenes de lesa humanidad, ninguna voluntad de investigarlos y que rindan cuentas ante la justicia.
No olvidemos que la masacre de El Ripial se produjo en un contexto de crímenes de lesa humanidad en Venezuela y ese crimen también es imprescriptible.
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