La abogada y especialista en el área de niños, niñas y adolescentes, Sara Guardia, cuestionó que el sistema de justicia venezolano no ofrezca más flexibilidades para el funcionamiento de los tribunales de protección durante la cuarentena por el COVID-19.
Aún cuando una resolución del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) estableció los lineamientos de operatividad de los tribunales en el país durante el contexto de la pandemia, Guardia planteó que la atención en el circuito penal de protección no prioriza el interés superior del niño.
La exjueza de protección del tribunal de niños, niñas y adolescentes en el Área Metropolitana de Caracas expuso que trámites como una colocación familiar, obligación de mantención o adopciones avanzan en las semanas de flexibilización, pero se interrumpen cuando se decreta la cuarentena radical.
Desde marzo hasta octubre la justicia venezolana estuvo en pausa y solo aceptaban detenciones por delitos de flagrancia y temas “urgentes”.
Flexibilidad e información oportuna
Guardia explicó que de momento los tribunales de protección deberían tener mayor amplitud en sus horarios para la recepción de documentos y así poder agilizar los procesos. Opinó que, pareciera que se le da más importancia a las causas de tribunales civiles ordinarios o tribunales de municipio.
Citó que la resolución del TSJ refiere que los jueces van a ser discrecionales y se habla de un despacho virtual, sin embargo, al momento de tramitar temas de niñas, niños y adolescentes hay trabas.
“Los tribunales de Lopnna son obtusos en cuando a ese manejo”, dijo. Además recalcó que no hay canales de información oportuna más allá de un papel pegado en el Palacio de Justicia con un correo electrónico de la coordinación del circuito penal de producción.
“Me parece terrible que la jurisdicción de NNA no tenga esa amplitud como los tribunales civiles ordinarios y que cuando yo le diga a la coordinadora que introduje una diligencia, no tenga acuse de recibo”, señaló y dijo que la respuesta que ha recibido de las autoridades que se están trabajando los casos “urgentes y prioritarios”.
Para concluir se preguntó: “¿Es justo que todos los niños que se encuentran en una situación donde deban ser protegidos sus derechos se encuentren en una justicia totalmente inmóvil?”.
Derecho a la identidad
La abogada también reprochó la vulneración del derecho a la identidad de los niños, niñas y adolescentes.
En la actualidad, “un niño que cumplió nueve años este 2020 no se puede sacar la cédula”.
Esto, porque luego de ocho meses cerrado por la pandemia, el Servicio istrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) reactivó operaciones solo para renovar las cédulas de identidad vencidas y tramitar nuevas por extravío.
Explicaron que no tramitarán documentos para viajeros, es decir ni prórrogas ni pasaportes.
El pasado mes de septiembre, un estudio de Cecodap reveló que la capacidad de atención de las oficinas del Registro Civil en el Área Metropolitana de Caracas se había visto disminuida durante la cuarentena, realidad que también vulneraba el derecho a la identidad de niñas y niños en el país.
El coordinador de la ONG, Carlos Trapani, mencionó que ese escenario podría aumentar el riesgo a que los padres no presenten al niño y este quede en una mayor situación de vulnerabilidad.