La ONG Programa Venezolano Educación-Acción en DDHH (Provea) le respondió al fiscal general de la República, Tarek William Saab, quien este martes 13 de mayo confirmó la detención del abogado de la organización, Eduardo Torres.
En un comunicado que hicieron público en su sitio web y redes sociales este miércoles, cuestionaron la versión del funcionario, quien dijo que al miembro de Provea lo apresaron por supuesta conspiración y querer generar violencia para impedir las elecciones regionales y parlamentarias del 25 de mayo.
Además, aseguró que su presentación en tribunales se hizo en los lapsos procesales correspondientes y con la presencia de un abogado defensor del activista, quien también es miembro del partido político Convergencia.
«El fiscal no dio información sobre la fecha, hora, lugar ni cuerpo de seguridad que ejecutó la detención de Eduardo Torres. Tampoco informó sobre la existencia de alguna orden de aprehensión, menos aún, sobre la Fiscalía que estaría a cargo de la investigación ni el lugar de detención», recriminó la ONG de larga trayectoria en el país en defensa de los derechos humanos.
La confirmación de su detención ocurrió 96 horas después de que tanto Provea como la esposa de Torres perdieran comunicación con él. Esto sucedió el viernes 9 de mayo a las 4:00 de la tarde cuando dijo que había salido de una actividad de Parque Central, en Caracas, para dirigirse a su vivienda en la avenida Fuerzas Armadas de la capital venezolana.
Sin embargo, Torres no llegó y desde el sábado comenzaron a preguntar por él en diferentes sedes de cuerpos de seguridad donde recluyen a personas privadas de libertad por razones políticas. En ninguna de ellas les dijeron si lo tenían en custodia. Además, el domingo en el Palacio de Justicia de Caracas se negaron a recibir un recurso de habeas corpus, que constitucionalmente obliga al Estado a informar sobre el paradero de una persona si está en detención.
Las 7 precisiones de Provea sobre detención de Torres
En su comunicado Provea precisa los siguientes 7 puntos:
- El reconocimiento vía Instagram del Ministerio Público sobre la detención del abogado y miembro de Provea, Eduardo Torres, se produjo tras más de 96 horas de desaparición del activista, en las que su familia, nuestro equipo, y organizaciones sociales y de derechos humanos, nacionales e internacionales, denunciaron los hechos.
- La última comunicación que Torres sostuvo con su familia fue el viernes 9 de mayo a las 4:00 p.m., cuando informó que se dirigía a su casa, pero desapareció. Desde la mañana del sábado 10 de mayo, su esposa Emiselys Núñez, en compañía de de Provea, recorrió varios centros de detención en Caracas (sedes Dgcim, Sebin y PNB) pidiendo información sobre Eduardo, pero la respuesta de los funcionarios policiales y/o militares fue negar su reclusión en estos sitios, lo cual fue difundido en las redes de Provea y amplificado por medios de comunicación nacional e internacional.
- Si para ese momento las autoridades, incluyendo al fiscal general, tenían conocimiento de la detención de Eduardo Torres, ¿por qué no lo informaron o propiciaron la comunicación del activista con sus familiares y/o abogados?
- Si cursaba una investigación contra Torres, la omisión de información a sus familiares sobre la detención y el paradero del abogado constituyó una abierta aceptación de la comisión del delito de desaparición forzada.
- En la declaración difundida el martes, el fiscal se limitó a señalar que Torres estaba detenido, pero no ofreció información sobre el sitio de detención o sus condiciones de reclusión. Por ello, aunque se haya reconocido la detención, reafirmamos que Torres se encuentra en desaparición forzada, toda vez que sus familiares y abogados de confianza no han podido constatar su paradero y condiciones de salud conforme a lo establecido en los artículos 44 y 45 de la Constitución.
- Sin ofrecer detalles sobre tiempo y lugar, el fiscal general afirmó que Torres “fue presentado conforme lo establecen los lapsos procesales, garantizándole su derecho a la defensa”. Pero tras más de 96 horas de silencio oficial, y dado el recurrente patrón de violación al debido proceso, para familiares y abogados es imposible tener certeza sobre el cumplimiento de estos lapsos, aunado a que no se ha permitido abogado de confianza, lo que cercena su derecho a la defensa.
- El domingo 11 de mayo, Emiselys Núñez y el equipo de PROVEA esperaron por más de 7 horas que Torres fuera presentado en Tribunales. Ese día, el activista no fue presentado en el Palacio de Justicia de Caracas y, además, a su esposa no le fue recibido un escrito de hábeas corpus por la ausencia de una “autorización superior”.
De qué acusa el fiscal al activista de Provea
El fiscal general dijo el martes que a Torres lo acusan de «organizar focos de violencia llamando a la destrucción de los centros electorales y propagando mensajes de odio y aniquilación hacia las autoridades del Estado legítimamente constituidas».
Según la versión del Ministerio Público usaba las jornadas «Nodos de Formación Ciudadana» como una supuesta fachada, que vincula con organizaciones extranjeras que financiaban la actividad, aunque sin presentar pruebas ni precisar de talles sobre cuáles instancias se tratan.
Añadió que lo llevaron ante la justicia «conforme lo establecen los lapsos procesales, garantizándole su derecho a la defensa y se le decretó medida privada de libertad por los delitos de conspiración, terrorismo, traición a la patria y asociación«.
Este martes, el Alto Comisionado de la ONU para los DDHH, Volker Türk, se refirió a su caso y condenó las detenciones de personas críticas al chavismo, pidió la liberación de los presos políticos y denunció la práctica de desaparición forzada en el país.