Tras el escándalo por el concierto organizado por Juan Carlos Araujo Durán, desde el antiguo retén de La Planta de Caracas, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que las autoridades gubernamentales sabían que un narcotraficante organizaba el evento.
“Desde hace 10 días el régimen sabía que un narco preso estaba organizando un megaconcierto”, dijo la ONG en un comunicado de prensa.
El OVP, organización que defiende los derechos de las personas privadas de libertad, indicó que el 30 de noviembre se realizó una requisa en ese centro de reclusión, cuando detuvieron a Argenis José Guerra Barreto, director de la cárcel, por actos de corrupción, así como dos funcionarios y jefes de ese recinto penitenciario.
“En esa misma información indica que Guerra Barreto permitía que el preso Juan Carlos Araujo Durán, presidente de Producciones Solid Show, condenado a 30 años de prisión por tráfico de droga organizara eventos musicales”, sostuvo la ONG.
El concierto que organizó Araujo Durán era el del cantante dominicano Romeo Santos, quien debía presentarse a las 8:00 de la noche ante miles de personas en la base aérea militar La Carlota en Caracas, el pasado 10 de diciembre, pero el artista se presentó pasadas las 4 de la madrugada del 11 de diciembre.
Ante estos hechos irregulares, el Ministerio Público abrió una investigación a las empresas involucradas en la producción de este evento.
El propio Tarek William Saab, fiscal general designado por la extinta Constituyente en 2017, fue quien informó que Araujo Durán, que está condenado a 30 años de prisión por una carga de 450 kilos de cocaína, fue el productor del evento musical.
El titular del Ministerio Público también informó sobre la detención del director de este centro penitenciario y dos custodios.
“Desde el OVP hemos observado y analizado los hechos que el mismo Gobierno ha informado y vemos que desde el 30 de noviembre, es decir 10 días antes del concierto, ya tenían conocimiento que este privado de libertad gozaba de privilegios y estaba organizando dicho concierto”, señala el comunicado de la organización.
Para la ONG esta clase de hechos reafirma que todas las irregularidades que ocurren dentro de los penales venezolanos son de conocimiento del Ministerio de Servicio Penitenciario y que además son consentidas por las autoridades gubernamentales.
“Nos preguntamos: ¿Por qué no se suspendió el espectáculo?, ¿Por qué se permitió que el preso continuara con su negocio?; acaso si todo el concierto se hubiera dado sin ningún contratiempo ¿la Fiscalía habría hecho una investigación? ¿La fiscalía habría informado que el preso es quien estaba detrás de este show?”, se preguntaron en el escrito.
El penal no cumple las medidas de seguridad
El OVP rechazó que Araujo Durán se encuentre recluido en este centro penitenciario, que lleva por nombre Centro de Formación Simón Bolívar, considerando que es un privado de libertad de alta peligrosidad por el tipo de delito que cometió y que este recinto carcelario no cumple con las mínimas medidas de seguridad.
La ONG señala que el condenado, al tener sentencia firme, debería esta cumpliendo su pena en un centro penitenciario de máxima seguridad.
Cabe destacar que para el momento de su condena su lugar de reclusión era la cárcel de Rodeo II, según un documento del Tribunal Supremo de Justicia; se desconoce en qué momento este delincuente fue llevado a La Planta.
“Recordemos que en el año 2019 en ese centro de reclusión se registró la fuga de unos narcotraficantes mexicanos pertenecientes al Cártel de Sinaloa. En esa oportunidad nuestro director Humberto Prado indicó que esta cárcel no cuenta con el personal debidamente formado para la seguridad interna y externa para este perfil de privados de libertad. Las paredes de construcción de este recinto no son de concreto grueso, ni cumple con los estándares para ser un recinto de máxima seguridad donde deben estar estos presos, las paredes simplemente son de bloques”, aseguró el OVP.
La organización instó al Ministerio Público a que la investigación no quede solamente en el director del penal, sino a la cadena de mando del Ministerio Penitenciario que tenía conocimiento de estas irregularidades diez días antes de haberse realizado el concierto.
“Recordemos que la seguridad de los penales en Venezuela tiene una dualidad en la responsabilidad de la seguridad: la externa, que es responsabilidad de la Guardia Nacional, y la interna a cargo del Ministerio Penitenciario”, agregó.