Juan Barreto, dirigente del partido Centrados y exalcalde metropolitano de Caracas, enfrenta un asedio policial frente a su residencia en Caracas que se extiende por más de 17 días consecutivos.
Funcionarios de seguridad del Estado se encuentran día y noche apostados en la calle que da a su residencia, le impide salir y restringen la entrada de familiares y acosan a vecinos, sin que se le haya notificado al exalcalde de Caracas de una investigación formal del Ministerio Público ni una medida judicial que le impida salir de su hogar.
El hostigamiento a Barreto se atribuye a su rol como opositor crítico al gobierno de Nicolás Maduro y su participación en actividades políticas que buscan el diálogo dentro del marco constitucional. Este acoso, que también lo limita como profesor universitario, es considerado por organizaciones de derechos humanos como un abuso de poder para obstaculizar su labor política y académica.
En una reciente entrevista con Efecto Cocuyo, Marino Alvarado, coordinador de Provea, describió este caso como un nuevo precedente en Venezuela y explicó que, a diferencia de casos previos donde la presencia policial frente a residencias duraba pocas horas o días, este asedio es continuo.
“Es el primer caso conocido en Venezuela de una permanencia tan continuada de presencia policial frente a la casa de un dirigente político o social«, afirmó el abogado, defensor de derechos humanos y miembro de la ONG Provea.
Un nuevo patrón represivo
Alvarado señaló que el asedio contra Barrero se enmarca en el crimen de lesa humanidad de persecución, uno de los que investiga la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en Venezuela.
El defensor de derechos humanos destacó que hasta este miércoles 21 de mayo no se ha informado a Barreto de alguna investigación formal ni de una medida de casa por cárcel.
“No se le ha notificado formalmente que contra él haya una investigación por parte del Ministerio Público, tampoco ha sido notificado por algún tribunal que se le haya impuesto una medida de casa por cárcel,” explicó.
El activista indicó que la presencia policial frente a la casa del dirigente le impide ejercer como profesor universitario, afecta su derecho al trabajo y al libre tránsito. Además, según denuncias del propio Barreto, una orden estatal prohíbe su contratación como periodista y su aparición en medios.
Alvarado destacó que esta orden agrava las violaciones a los derechos de Barreto.
“Existe una orden dada por funcionarios del Estado para que no se le entreviste en ningún medio público o privado y mucho menos que se le contrate como periodista, con lo cual también se afecta su derecho al trabajo, pero igualmente el ejercicio de su libertad de opinión,” indicó.
Violaciones a derechos humanos
Como miembro de la directiva de Centrados, Barreto no puede asistir a reuniones ni asambleas. El dirigente ha presentado denuncias ante la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía de Derechos Fundamentales y organismos de Naciones Unidas, pero hasta la fecha no ha recibido respuesta de alguno de estos entes.
El pasado de Barreto en cargos de la alianza gubernamental podría generar tensiones internas en el gobierno, según Alvarado, lo que podría evitar una detención hasta ahora. “Es posible que haya factores internos en la estructura de gobierno que estén cuestionando este acoso a quien en un pasado reciente ocupó altos cargos», afirmó.
El representante de Provea resaltó que una detención pondría en riesgo la salud de Barreto, quien requiere tratamiento médico riguroso por patologías preexistentes. Enfatizó que perseguir o encarcelar no resuelve los problemas del país ni fortalece sus instituciones. Concluyó que las violaciones a los derechos humanos de Barreto deben ser investigadas y sancionadas.
“El acoso a Juan Barreto debe ser condenado y más allá de los compromisos del pasado con la estructura de poder, hoy es una víctima que sufre violaciones a los derechos humanos que no se pueden aplaudir que se deben condenar que deben investigarse y que deben sancionarse”, concluyó Alvarado.