En Venezuela, de acuerdo con la ONG Foro Penal, existen 895 presos políticos, entre ellos varios activistas o defensores de derechos humanos, que han sido detenidos en los últimos años, especialmente en el contexto de protestas postelectorales y represión política tras las presidenciales de julio de 2024.
Un informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU indicó que, entre septiembre de 2024 y enero de 2025, se documentaron 126 arrestos de defensores de derechos humanos.
Otras ONG como Provea y Odevida llevan cuentas de que entre enero de 2024 y abril de 2025 por lo menos 122 ataques a personas y entes ligados a la defensa de los DD. HH. en Venezuela, que incluyen 22 detenciones y desapariciones.
De esos activistas que fueron detenidos de manera arbitraria, pues a la mayoría no se le ha realizado juicio alguno que justifique el apresamiento, aún quedan tras las rejas 9 defensores: Javier Tarazona, Rocío San Miguel, Carlos Julio Rojas, Jesús Armas, Kennedy Tejeda, Ángel Godoy, Franyer Hernández y los más recientes, Raúl Amiel Hevia y Eduardo Torres.
Detenciones arbitrarias de defensores
Amnistía Internacional ha señalado en varias ocasiones que estas personas son presas de conciencia y deben ser puestas en libertad de inmediato y sin condiciones. En reiterados comunicados han pedido al Estado venezolano que los pongan en libertad «con carácter de urgencia» y que, mientras estén bajo custodia oficial, se les proteja su vida y su seguridad, así como su derecho a no sufrir tortura y las garantías de un juicio justo.
«Los defensores de derechos humanos enfrentaron una creciente hostilidad por parte del gobierno. Se aprobó una ley que otorga amplias facultades discrecionales al Estado para restringir, sancionar o cerrar organizaciones no gubernamentales conocida como Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro. El Centro para los Defensores y la Justicia documentó un alarmante aumento de ataques contra defensores, pasando de 524 en 2023 a 979 en 2024», refieren en un documento.
«Efectivamente, en Venezuela, desde 2024 y lo transcurrido en 2025, toda persona detenida por motivos políticos es sometida a desaparición forzada y a largos períodos de incomunicación, período en el cual no se les permite entrevistarse con abogados de confianza ni visitas de familiares», dijo sobre esto el coordinador de la ONG Provea, Marino Alvarado.
Durante este período, agregó Alvarado, algunos detenidos son sometidos a tratos crueles e inhumanos de manera sistemática e incluso tortura, como fue denunciado en el caso del activista Jesús Armas.
«Tras varias semanas o meses de desaparición y aislamiento, es que los detenidos pueden narrar a los familiares sobre tales tratos», agregó.
Otros casos relevantes
Yendri Velásquez, director del Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+, detenido brevemente el 3 de agosto.
Edni López, profesora y activista, detenida el 3 de agosto y liberada tras cinco días bajo régimen de presentación.
Edward Ocariz y Henry Gómez, también detenidos tras los comicios y posteriormente excarcelados.
Omar Vergel y Merlina Carrero, detenidos en Táchira el 7 de mayo pasado, liberados días después.
Las detenciones suelen ocurrir sin órdenes judiciales, con violaciones al debido proceso, y los detenidos enfrentan condiciones inhumanas, torturas y falta de a defensa legal.
La represión se intensificó tras las elecciones de 2024, con el gobierno utilizando leyes como la Ley de Fiscalización de ONG para criminalizar a organizaciones y activistas.