En las semanas anteriores a las elecciones regionales y legislativas del 25 de mayo, se produjeron numerosos arrestos bajo la acusación de conspiraciones terroristas con el supuesto objetivo de sabotear el proceso electoral. No obstante, a pesar de estas detenciones, los comicios del 25 de mayo transcurrieron sin incidentes. 

Pese a que no se han registrado más detenciones masivas como las que ocurrieron antes y tras la captura del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, cuando al menos 70 personas fueron arrestadas, según la información oficial, después de los comicios se siguieron registrando detenciones y en las prisiones familiares de presos políticos denunciaron requisas violentas, traslados arbitrarios y desapariciones del lugar de reclusión y amenazas.

Presuntos planes terroristas 

La tesis de los presuntos planes terroristas se sigue sosteniendo entre las principales autoridades del gobierno de Nicolás Maduro. El pasado 3 de junio, Maduro anunció la detención de un presunto grupo de terroristas que provenía de Trinidad y Tobago, que capturaron en el oriente del país. Por su parte, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, informó sobre dos supuestos agentes encubiertos de la DEA, a quienes arrestaron en territorio venezolano, y que uno de ellos se habría infiltrado en la Policía Nacional Bolivariana. Su misión, según declaraciones de ministro, era vincular a un militar venezolano con el tráfico de drogas. 

«No solo son colombianos los que están entrando por Trinidad, también están entrando mercenarios de Trinidad, está detenido, a buen resguardo, respetándole sus derechos humanos y son parte de un grupo de terroristas que querían entrar a Venezuela», afirmó Cabello.

Las identidades de estas personas se desconocen y el número de supuestos terroristas arrestados en oriente, tampoco se informó, ni el lugar dónde los recluyeron. 

Ante las acusaciones hechas por las autoridades venezolanas, el Ministerio de la Defensa de Trinidad y Tobago informó que no hay evidencia de que un “grupo de terroristas” intentara ingresar a Venezuela desde su frontera.

En respuesta a estas afirmaciones, el Ministerio de Defensa trinitense comenzó una investigación exhaustiva y los resultados preliminares indican que actualmente no existen pruebas que respalden estas acusaciones.

ONG señaladas de terroristas

Las acusaciones de terrorismo no solo se centran en presos políticos o presuntos grupos que supuestamente intentaron ingresar al país. También se vertieron contra organizaciones no gubernamentales que defienden derechos humanos, como por ejemplo Provea, Foro Penal, Médicos Unidos, entre otras. 

Tras los señalamientos hechos por Cabello en el que afirmó que estas organizaciones pertenecen a un supuesta estructura terrorista, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), instó el pasado 2 de junio, al Estado venezolano a cesar la persecución contra quienes critican al gobierno, a proteger la integridad de quienes defienden derechos humanos y a garantizar el espacio cívico. 

“La CIDH rechaza las declaraciones estigmatizantes de Diosdado Cabello, Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, quien, el 28 de mayo, señaló a organizaciones de la sociedad civil de estar vinculadas a una estructura terrorista para desestabilizar al país”, se lee en una publicación realizada en la red social X.

Dos semanas antes de las elecciones la Misión Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU denunció el mantenimiento de detenciones arbitrarias y la represión sistemática en el país, al exigir la liberación incondicional de todas las personas detenidas arbitrariamente. 

La condena se produjo durante una sesión en Ginebra, donde la Misión presentó su informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y enfatizó que mantener a personas detenidas incomunicadas puede constituir un crimen internacional. 

Una declaración conjunta 

La Cidh, Amnistía Internacional, Human Rights Watch (HRW) y la Organización Mundial Contra la Tortura (Omct) emitieron una declaración conjunta el 27 de mayo, para exigir la liberación inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente en Venezuela. 

Las organizaciones denunciaron que las detenciones se han intensificado contra defensores de derechos humanos, líderes políticos y ciudadanos que expresan críticas al gobierno. Señalaron que estas acciones incluyen hostigamiento, persecución y violaciones al debido proceso, como la falta de a abogados y juicios justos.

El pronunciamiento destacó el caso de Eduardo Torres, detenido el 9 de mayo de y cuya detención fue confirmada por las autoridades venezolanas cuatro días después, tras permanecer incomunicado. Las organizaciones expresaron preocupación por la incomunicación prolongada y las condiciones de detención.

La CIDH, Amnistía Internacional, HRW y la Omct instaron al gobierno venezolano a cesar la represión y garantizar los derechos humanos de los detenidos. 

Represión en prisión 

A pesar de que las detenciones masivas no se han registrado desde la últimas semanas de mayo, familiares de algunos privados de libertad han denunciado distintas vulneraciones a los derechos humanos a sus seres queridos dentro de prisiones como Tocuyito, Ramo Verde y Fuerte Tiuna. 

La Fundación Familia S.O.S. Libertad aseguró que algunos privados de libertad por motivos políticos son sometidos a condiciones degradantes y amenazas. La organización señaló que los detenidos sufren requisas violentas, maltratos y humillaciones, incluyendo la destrucción de sus pertenencias y celdas. 

Señaló que los presos políticos, muchos detenidos tras las elecciones presidenciales de julio de 2024, enfrentan condiciones inhumanas, como celdas de castigo de 2×2 metros sin ventilación ni luz, y restricciones severas en las visitas familiares. 

En Fuerte Tiuna, se reportaron agresiones físicas y verbales, incluyendo amenazas de muerte, mientras que en Tocuyito se documentaron casos de hacinamiento y falta de atención médica, según reportó la organización.

La Fundación Familia S.O.S. Libertad exigió el cese de estas prácticas y la liberación inmediata de los presos políticos e instó a las autoridades a garantizar su dignidad y derechos. 

El pasado 4 de junio, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, también denunció la posible desaparición forzada de los sargentos Geomer Martínez Natera y Andrés Paredes Soler, detenidos desde 2019 por el «Caso Cotiza» y trasladados arbitrariamente el 18 de febrero a la cárcel de Fuerte Guaicaipuro. Desde el 20 de abril, sus familiares no han tenido o verificable con los militares detenidos. 

Al finalizar esta nota, organizaciones como Foro Penal documentan 927 privados de libertad por razones políticas en Venezuela, mientras que la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, señala que son por los menos 1.106 los prisioneros políticos en el país, y que esta cifra pudiera ser mayor. Organismos internacionales y ONG han insistido al Estado que se respeten los derechos humanos y se liberen a los prisioneros de conciencia.