Ni justicia, ni libertad. A una semana del inicio de las excarcelaciones de presos políticos, abogados, defensores de derechos humanos y diputados permanecen con un mismo discurso: la concesión otorgada por el presidente Nicolás Maduro solo demuestra que en Venezuela hay persecución política.

Theresly Malavé es una de las abogadas que ha acompañado a los presos políticos desde 2004. También estuvo con sus defendidos en las afueras de El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), cuando fueron excarcelados por orden del presidente Maduro.

Tanto ella como la diputada de Voluntad Popular, Adriana Pichardo, coinciden en que la actuación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) el 1° de junio demuestra que las reiteradas denuncias sobre detenciones arbitrarias y torturas contra los detractores del Gobierno eran reales.

“Nosotros, las organizaciones civiles, los políticos, siempre dijimos la verdad. En Venezuela había cientos de rehenes de la dictadura“, expuso Pichardo durante una entrevista realizada en el programa de Efecto Cocuyo transmitido por Pericope #ConLaLuz.

El 1° de junio la ANC realizó un acto en el que presentó a decenas de presos que supuestamente habían incurrido en violencia política. Desde ese momento, comenzaron a excarcelar a presos políticos como el exalcalde Daniel Ceballos; los diputados Gilber Caro y Renzo Prieto; y activistas como Geraldine Chacón y Gregory Hinds.

Los días siguientes, el mandatario nacional sostuvo que la decisión de la ANC había sido una orden emanada por él y que debía ser entendida como un “gesto de reconciliación“. Sin embargo, aclaró que aquellos excarcelados que reincidieran en lo que se consideren actos de violencia, serían detenidos nuevamente.

“Esto demuestra que no hay arrepentimiento del Gobierno. Juegan bajo la premisa del miedo para someter al pueblo. Pero nuestros excarcelados no tienen miedo”, manifestó Pichardo.

La diputada agregó que esa había sido el discurso del Gobierno durante los últimos años para evitar que las personas protesten por sus derechos. “Todos somos presos potenciales en este país”, indicó Malavé, para apoyar esta afirmación.

Como ejemplo citó la aprehensión de 17 personas por las agresiones que sufrió el diputado Teodoro Campos, durante un acto de campaña de Henry Falcón en Catia el pasado 2 de abril. Ellos también fueron excarcelados por la ANC y fueron tratados como presos políticos por el Gobierno, lo que causó polémica en la opinión pública.

Malavé narró que durante las guardias que sostuvo en las afueras de El Helicoide, pudo hablar con los familiares de estos detenidos. “La mamá de uno de los colectivos me dijo que él no estaba involucrado, que él estaba en la casa cuando pasó eso. ¿Cómo no le voy a creer si nosotros hemos pasado por eso tantas veces? Aquí la justicia implosionó“, sentenció.

La abogada  dijo que había recibido información de que los responsables de la golpiza dada al parlamentario Campos no habían sido detenidos realmente.

“Los familiares de los colectivos presos me dijeron que teníamos razón. Que así actúa una dictadura. Ahí vemos cómo es la cosa, cómo es que hasta las bases del oficialismo se ven afectadas por un sistema dictatorial sin separación de poderes“, apuntó Pichardo.

Excarcelación de Gilber Caro

El diputado Gilber Caro estuvo preso durante casi un año. Pasó cinco meses sin ser presentado en un tribunal y cuando lo llevaron ante un juez, fue ante uno que se encuentra dentro de jurisdicción militar. Lo acusaron de rebelión militar y sustracción de efectos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb).

Según su abogada, Theresly Malavé, durante un viaje que realizaba con su pareja, Stayci Escalona, fue detenido en un punto de control ubicado en el túnel de La Cabrera, en el estado Carabobo. Allí les sembraron en el vehículo explosivos y un fusil. Dijo que esa fue la única operación del Comando Nacional Antigolpe, creado un día antes.

“Nunca pudieron sustentar que él había sacado esos elementos, porque se supone que para eso él tuvo que entrar a una instancia militar. Además, cuando lo fueron a presentar, lo hicieron a un tribunal civil, pero en ese momento la fiscal (general destituida por la ANC) Luisa Ortega Díaz no acepta prestarse al juego y por eso lo pasan a un tribunal militar“, explicó la defensora.

Tanto Malavé como Pichardo mostraron su alegría por la excarcelación de Caro. Aseguraron que tiene medidas cautelares que consisten en la prohibición de salida del país y declaraciones a medios de comunicación; así como la presentación en tribunales cada 30 días. Estas limitantes fueron impuestas a los otros 39 excarcelados, según la defensora.

¿Y los Policías Metropolitanos?

Entre las excarcelaciones más esperadas están las de los funcionarios de la Policía Metropolitana (eliminada en 2009) que fueron detenidos luego de la intentona golpista del 11 de abril de 2002 y, para esta fecha, todos deben ser beneficiarios de fórmulas alternativas de cumplimiento de pena.

“Fueron condenados a 30 años de cárcel. La mayoría ya tiene 15 años, la mitad de la pena y han trabajado en este tiempo de reclusión. Otros fueron condenados a 16 y 17 años de cárcel, o sea tienen casi la pena cumplida“, indicó Malavé, parte del grupo de abogados que defiende a estos funcionarios. 

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