En América Latina y el Caribe perecen 11 mil personas mensualmente en manos de la violencia, como si cada día ocurriese un accidente de avión. La causa principal de muerte de jóvenes de 15 a 29 años es el homicidio. Sin embargo, no toda la violencia es homicida. El delito común también afecta el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos de la región.
Nathalie Alvarado, coordinadora del área de seguridad social y justicia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), asegura que la violencia no solo representa un costo humano, sino que también tiene un costo económico importante. “En el BID hemos estimado que el crimen y la violencia le cuestan a nuestra región alrededor de un 3,5% de su PIB (producto interno bruta) anual. Esto equivale a la inversión anual de la región en infraestructura”, señaló.
La violencia no tiene la misma escala en todas las ciudades ni en todas las zonas, un estudio realizado por el BID asegura que el 50% del crimen en la región ocurre en el 5% de las calles. Por eso, los gobiernos locales –alcaldías– son los mejor posicionados para responder ante las demandas de los ciudadanos.
Medellín, Bogotá, Quito y San Salvador son algunas de las ciudades que pudieron reducir los niveles de criminalidad a través del trabajo conjunto entre los gobiernos locales y nacionales, los cuales propusieron como prioridad de su gestión la seguridad ciudadana. Alvarado aseguró que el BID ha estado involucrado en varias reformas de organismos policiales y ha invertido en más de 30 programas de prevención de la violencia a nivel local.
Según lo explicado por la coordinadora, ha sido posible identificar 5 elementos esenciales para reducir la inseguridad desde los gobiernos locales:
1.- Aceptar responsabilidades: El liderazgo del gobierno local para asumir el control de la delincuencia es primordial, lo cual, además, refleja su compromiso ante las necesidades de los ciudadanos. El Gobierno Nacional también debe contribuir a construir las capacidades para que sea posible tomar el control ante la violencia.
2.-Alinear las acciones: Los diferentes sectores gubernamentales deben integrar su agenda para reducir el crimen y la violencia a través de la inclusión social y la convivencia de los ciudadanos.
3.- Trabajo conjunto entre cuerpo policial y gobierno: La policía es uno de los principales responsables en prevenir y controlar el crimen. No obstante, esto no es posible sin el apoyo de los distintos niveles de gobierno y la confianza para avanzar en la reducción de delitos.
4.- Prevención del crimen: Anticiparse a la violencia es posible si se comprenden los patrones más comunes de los victimarios, como violencia intrafamiliar, el abuso de drogas y alcohol, la preeminencia de las acciones violentas en sus barrios, la falta de oportunidades, y más aún, la indiferencia del Estado que moldea la vida de estos jóvenes hacia una carrera criminal. Alvarado asegura que “hoy sabemos y tenemos más evidencia que intervenciones enfocadas en padres, comunidades y el desarrollo de habilidades técnicas y socio-cognitivas ofrecen un abrigo de protección a estos grupos vulnerables”.
5.- Innovación de la sociedad civil y sector privado: Desde el financiamiento que pueden ofrecer para campañas de seguridad hasta información, como la “big data“, son formas de colaborar a analizar las dinámicas criminales. Al combinar la big data con las estadísticas de delitos se puede saber dónde ocurre y por qué, de modo que se pueda prevenir.
El crimen es un fenómeno complejo por lo que requiere soluciones que ataquen todas sus aristas. No solo se requiere de políticas integrales de seguridad ciudadana y una policía eficiente, sino también de un sistema judicial funcional con cárceles con espacios adecuados enfocadas en la reinserción.