En las últimas semanas del mes de mayo el ministro de la Interior y Justicia, Diosdado Cabello, informó que 70 personas fueron detenidas en el país por su presunta participación en planes desestabilizadores contra el desarrollo de las elecciones regionales y parlamentarias del 25 de mayo. Según el funcionario, estarían vinculadas a supuestas acciones terroristas para alterar el proceso electoral.
Tras los arrestos, la organización no gubernamental Foro Penal, en su informe del 26 de mayo, reportó que en el país hay 922 personas privadas de libertad por motivos políticos; de las cuales se desconoce el paradero de 48.
Estas detenciones se practicaron en un clima de represión que incluye privaciones de libertad arbitrarias, según alertaron organizaciones defensoras de derechos humanos como Provea. La ausencia de información sobre el destino de las personas detenidas engrosan las denuncias sobre posibles casos de desapariciones forzadas que se materializan en el país.
Estas prácticas, al cometerse de manera sistemática podrían facilitar violaciones graves, incluyendo crímenes de lesa humanidad, según el Grupo de Trabajos sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU.
Para entender la gravedad y las violaciones que implica una desaparición forzada, Kelvi Zambrano, director de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, en una entrevista con Efecto Cocuyo explicó cuáles elementos definen este tipo de desapariciones y su impacto en los derechos humanos. El abogado, profesor universitario y defensor de derechos humanos señaló cómo estas acciones violan tratados internacionales y por qué son consideradas crímenes de lesa humanidad.
¿Qué es una desaparición forzada?
Zambrano señala que la desaparición forzada se define por tres elementos establecidos en tratados internacionales.
“Se trata de una acción ejecutada por agentes del Estado o personas con su apoyo, que implica una privación ilegítima de libertad, como arresto, detención o secuestro, seguida por la negativa a reconocer esa privación o a informar sobre el paradero de la persona”, explicó.
El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas aclaró que no existe un tiempo mínimo para considerar una detención como desaparición forzada.
“No hay límite de tiempo, no importa cuán corto, para que se produzca una desaparición forzada. Cada minuto cuenta cuando una persona es puesta fuera de la protección de la ley. Y cuando una persona ha desaparecido, cada minuto de angustia que pasan sus familiares sin noticias de ella, es demasiado”, se lee en una declaración conjunta de las Naciones Unidas en 2016.
El experto, que coincide con la ONU, explica que la falta de un registro público de personas privadas de libertad en el país es un factor crítico, ya que la Constitución exige que el Estado mantenga un registro actualizado, pero, según Zambrano, esta norma no se cumple.
¿Por qué constituyen a un crimen de lesa humanidad?
El defensor de derechos humanos asegura que las desapariciones forzadas son consideradas crímenes de lesa humanidad por su impacto en múltiples violaciones a derechos como:
✅A la vida.
✅La integridad física, psíquica y moral.
✅Y a la personalidad jurídica y la libertad personal.
“Es una violación grave que sustrae a la persona de la protección legal”, afirmó.
Zambrano explica que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) también estableció que estas prácticas son de las más graves violaciones de derechos humanos y destacó que la jurisprudencia internacional, incluyendo tribunales europeos y africanos, refuerzan esta la postura del organismo internacional.
En Venezuela las prácticas como la incomunicación y el aislamiento son comunes y, advierte, que estas acciones no solo afectan a las víctimas, sino también a sus familiares, quienes enfrentan la incertidumbre en la búsqueda de sus seres queridos.
Mecanismos legales y patrones de violación
Aunque las víctimas de desapariciones forzadas cuentan con recursos internacionales para denunciar estos hechos, en Venezuela enfrentan múltiples obstáculos que imposibilitan llegar a la justicia.
“Existen medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y llamamientos urgentes al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas. Sin embargo, el amparo está suspendido de facto”, resalta Zambrano.
Instituciones como la Fiscalía y los tribunales no procesan denuncias ni habeas corpus. Uno de los casos más recientes es el del abogado de Provesa, Eduardo Torres.
Según Zambrano, las autoridades venezolanas siguen patrones específicos en estas detenciones:
✅Ingresan a las casas bajo amenazas
✅Engañan a las personas diciendo que es una entrevista breve
✅Las privan de libertad sin orden judicial.
El abogado reiteró que la ausencia de registros sobre las detenciones impide conocer el paradero de las personas apresadas, sumado a la incomunicación y el aislamiento que agravan la situación y constituyen formas de desaparición forzada.
Prácticas que facilitan las violaciones
El director de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia sentencia que la negación de a abogados y familiares es una práctica recurrente por agentes de seguridad del Estado en el país y subraya que cuando los familiares se enteran de forma extraoficial sobre el lugar de detención de su ser querido, se le impide la visita y tampoco se le garantiza la asistencia jurídica.
Zambrano recuerda que el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas ha sido insistente en la importancia de medidas preventivas, como registros actualizados y la prohibición de detenciones secretas.
En el país, subraya, estas medidas no se implementan y al no hacerlo facilitan las desapariciones forzadas. “La omisión de estos hechos viola estándares internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, recordó.
Ante el panorama de desprotección, las organizaciones no gubernamentales, cada vez más señaladas por el gobierno, son un recurso clave para ayudar a las víctimas ante la inacción del Estado.
“Somos las únicas que documentamos estas violaciones. Llevamos los casos a instancias internacionales y recopilamos pruebas para que la Corte Penal Internacional avance en sus procedimientos contra Venezuela”, afirma Zambrano.