Jorge Agobian /@jorgeagobian
El pasado 3 de febrero el presidente Nicolás Maduro propuso la creación de los llamados “Comandos Populares -Militares contra la guerra económica”, con los que, aseguró ,derrocarán el desabastecimiento y el acaparamiento de productos en Venezuela. Se trata, según detalló el vicepresidente Jorge Arreaza, de una instancia a la que la sociedad civil puede acudir para denunciar irregularidades y acciones de usura en la que pudieran incurrir empresas privadas.
Hasta la fecha estos comandos han sido instalados en el Distrito Federal y 15 estados (Carabobo, Aragua, Bolívar, Vargas, Lara, Delta Amacuro, Monagas, Portuguesa, Miranda, Anzoátegui, Zulia, Trujillo, Táchira, Nueva Esparta y Guárico).
“Nosotros le vamos a poner punto y final a la guerra económica en el año 2015 y eso solo es posible con todos unidos, articulados, organizados”, sentenció Arreaza el pasado 12 de febrero en Zulia.
Pero no es la primera vez que se asoma en el país la creación de cuerpos cívico-militares contra el acaparamiento, el contrabando y otros delitos contenidos en la Ley de Precios Justos.
En noviembre de 2013, desde el Palacio de Miraflores, el primer mandatario junto al tren ministerial anunció la puesta en marcha de una “gran operación especial cívico-militar contra el acaparamiento” que recorrería todo el país. “Vamos hasta el último nivel de la cadena productiva y distributiva de todo el país”, advirtió. Dos meses después, en enero de 2014, se oficializó la Ley Orgánica de Precios Justos y en febrero empezaron las inspecciones por parte de la Superintendencia Nacional para la Defenda de los Derechos Socio Económicos, Sundde.
En mayo la Sundde anunció la creación de la figura de “inspectores populares” y colocó a la disposición de los ciudadanos un número telefónico para realizar de manera directa denuncias de abusos, especulación, acaparamiento, sobreprecio y boicot por parte de los comercios.
Luego, en agosto de 2014, el gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, asomó la idea de pagar a quienes ofrezcan información de las redes de contrabando de alimentos en el país.
“Al ciudadano, civil o militar que capture un contrabando o de información que sea cierta, el 15% o 20% que establezca la ley, pasará a la orden de ese funcionario o ciudadano que haga la denuncia, porque ya se ha perdido el miedo”, expresó el gobernador en entrevista con José Vicente Rangel.
Otro antecedente (el número cuatro) de estos nuevos comandos se encuentra en los denominados “Círculos de Lucha por el abastecimiento y los precios justos” desplegados en el estado Miranda, los cuales consisten en la unión de la Sundde, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los “inspectores populares” para hacer frente a la llamada guerra económica.
“Nosotros, en esta guerra económica, vamos a desplegarnos por todo el territorio mirandino, para dar la batalla, junto al pueblo, con el presidente Nicolás Maduro al frente y la Fuerza Armada. Vamos a aplicar la Ley para defender con ello el salario de la familia venezolana y vamos a ganar esta guerra económica. No van a poner de rodilla al pueblo venezolano”, expresó el Superintendente de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez, durante la juramentación de 43 fiscales y 2 mil 080 inspectores populares el 8 de octubre de 2014.
Los “comandos populares” anunciados por el mandatario Maduro se unen a la lista de cinco estrategias que se han anunciado en menos de dos años para hacer frente a la actual situación de escasez y largas colas en los supermercados de las redes públicas y privadas, que el gobierno ha denominado “guerra económica”.
En el juramento que realizó el primer mandatario para instalar el comando cívico-militar en el estado Carabobo, el pasado 10 de febrero, expresó “¿Juran ustedes ir a los establecimientos junto al pueblo para vencer las colas, el acaparamiento, la desaparición de productos para irritar al pueblo, la manipulación de los precios?”. Todos gritaron “lo juro”. Un día después se informó que en ese estado se decomisaron 60 toneladas de cabilla que serían vendidas, según el comando, a precios especulativos.
Alcance de la “Ofensiva económica”
El 6 de noviembre de 2013 el presidente Maduro impulsó la llamada “Ofensiva económica” para combatir los delitos de sobreprecio, especulación, usura y acaparamiento. El primer objetivo de este mecanismo fue “proteger al pueblo venezolano de la especulación de la burguesía parasitaria y de todos los mecanismos que han creado para saquear al pueblo”, según reseñó el canal del Estado en una publicación.
En diciembre de ese mismo año el jefe del Estado reafirmó, a través de su cuenta en Twitter, que su gobierno se enfrentaba a una “guerra económica”.
El 22 de abril de 2014, Maduro impulsó la segunda etapa de esta ofensiva económica “porque hay que terminar de desmontar los mecanismos de la guerra económica, ya que siguen funcionando”, expresó.
Un mes después, en mayo, el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb), Vladimir Padrino López, infomó que hasta ese momento habían sido retenidos 14 millones 758 mil 206 kilogramos de alimentos por contrabando a escala nacional.
Misma historia, pero en la IV República
En 1989, durante el gobierno de Jaime Lusinchi, se vivió en Venezuela una situación de escasez de productos básicos y acaparamiento. Lusinchi, quien se enfrentó a una crisis económica, expresó el 21 de enero de 1989 que no aceptaría el “saboteo empresarial” que querría acaparar productos en los depósitos de los comercializadores de alimentos.
Se hizo uso de la Ley contra la Especulación y el Acaparamiento para castigar con prisión entre 6 y 30 meses a empresarios que “confabulen para crear desabastecimiento”. El Diario El Mundo del 19 de enero de 1989 tituló que en el estado Táchira fueron detenidas dos personas por contrabando de láminas de hierro a través de la frontera con Colombia. El mismo periódico reseñaba que “fiebre consumista arrasó con provisiones para un mes”.
Fotos: Contrapunto.com