El 1 de julio el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) Diosdado Cabello aseguró que en el proceso de votación del 20 de mayo de 2018 solo faltaba por inscribirse en el Registro Electoral (RE) 3% de los venezolanos en edad de votar.

La Unidad de Verificación de Datos y Fact-checking de Efecto Cocuyo  analizó la veracidad de esta afirmación.

El debate sobre la consistencia del Registro Electoral es complejo. En las últimas dos décadas solo se ha realizado una auditoría amplia a la base de datos de votantes organizada por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y su Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Iidh/Capel).

Esta revisión recibió el aval de especialistas de la Universidad Católica Andrés Bello, Universidad Central de Venezuela y la Universidad Simón Bolívar que aunque reconocieron que existían errores en la base de datos de votantes, éstos se encontraban por debajo del 5% de los registros. En los informes de la revisión se indicó que éstos errores no sugerían posibilidad de fraude.

No obstante, organizaciones de la sociedad civil venezolana objetaron las conclusiones de la revisión.

La cantidad de venezolanos que han abandonado el país en los últimos años constituye otro problema para avalar la consistencia del Registro Electoral. Según las estimaciones de organismos internacionales al menos 4 millones de venezolanos se encuentran fuera del país, calculándose en 3,2 millones la cifra de mayores de 18 años que pudiesen estar inscritos en el Registro Electoral.

No obstante, el último dato oficial proporcionado por el CNE para los comicios del 20 de mayo de 2018 indica que, solo estaban habilitados para votar fuera de Venezuela 108.623 venezolanos que cumplieron con el requisito de demostrar residencia en el país en el que se encuentran, ante las autoridades consulares de Venezuela. Para ese evento electoral el total de electores habilitados para votar (incluyendo a los venezolanos en el extranjero) fue de 20.759.809.

La diferencia significativa entre la cantidad de electores potenciales fuera de Venezuela y el número de habilitados para votar se explica por las exigencias legales impuestas en la Ley Orgánica de Procesos Electorales, a partir del año 2009. Para permitir la inscripción de nuevos votantes en las misiones diplomáticas del país o para tramitar el cambio de lugar de votación de un centro electoral en Venezuela a una misión diplomática, el principal escollo impuesto por la ley venezolana se refiere a la obligatoriedad -para inmigrantes temporales o permanentes- de demostrar residencia en el país en el que se quiere sufragar.

Los operativos de actualización e inscripción en el Registro Electoral que se realizaron para el evento comicial del 20 de mayo fueron cuestionados por las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la observación electoral nacional.

Las estimaciones de  organizaciones como Súmate indican que al menos 2 millones de venezolanos entre los 18 y 23 años no han logrado inscribirse en el padrón de votantes. Por otra parte, los integrantes del Observatorio Electoral Venezolano indican que para el proceso comicial del 20 de mayo el CNE apenas habilitó  531 puntos de actualización del padrón, mientras que para los procesos previos se llegaron a utilizar hasta 1.568 puntos de actualización.

Según Sandra Oblitas, vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral y presidenta de la comisión de Registro Civil y Electoral, para 1998 la brecha de exclusión del padrón alcanzó a 20,43% de la población en edad para votar. Para 2004 esta brecha se redujo a 13,57% y para las elecciones parlamentarias de 2015 llegó a 5,26%. Según el corte del RE utilizado para las elecciones presidenciales sobrevenidas del año 2013 permanecía fuera del padrón 3% de los ciudadanos en edad de votar.

Aunque el CNE no ofreció balances oficiales detallados del proceso de actualización del Registro Electoral para el evento comicial del 20 de mayo de 2018, la presidenta del ente electoral, Tibisay Lucena, aseguró en diciembre del año 2017 ante personalidades invitadas para presenciar las elecciones, que mientras “para 1998 la brecha de exclusión (personas en edad de votar que no se encontraban inscritas para votar) rondaba el 20% de la población: Hoy, 17 años después, tenemos una brecha de exclusión de 1,7%”.

La falta de información sobre el proceso del 20 de mayo generó múltiples críticas de las organizaciones de la sociedad civil que realizan actividades de observación electoral. Según Súmate existen inconsistencias en el crecimiento del padrón de votantes que se empleó en los procesos sobrevenidas del año 2017 (elección de la Asamblea Nacional Constituyente y elecciones regionales parciales).

En su análisis indica, que al comparar la cifra de electores incorporados (nuevos inscritos y por levantamiento de objeción) en el corte del Registro Electoral del 26 de febrero de 2018 (807.905 electores) con la del 15 de Julio de 2017 (69.134 electores), se encuentra que hubo un incremento de electores 10 veces más entre el primero y el segundo, y que ocurrió en los 10 días continuos del operativo especial y en los siete meses que transcurrieron entre uno y otro.  El CNE no ha respondido a estas observaciones.

Según el último corte oficial del Registro Electoral, la cifra de electores habilitados para votar en abril de 2019 alcanza a 20.705.437 ciudadanos dentro de Venezuela, mientras los inscritos en las 127 misiones diplomáticas del país se mantienen en 108.864 electores. Por otra parte, según las estimaciones poblacionales del Instituto Nacional de Estadística (realizadas en función del censo del año 2011) para este año la población venezolana debe alcanzar los 32.605.423 ciudadanos.

Según esta proyección poblacional los venezolanos mayores de 18 años deben ser  22.687.064 ciudadanos. Los datos del INE contradicen el argumento de Diosdado Cabello, pero también plantean un escenario diferente al último reporte oficial del CNE. Tomando como referencia la última declaración oficial de la presidenta del CNE, en donde asegura que solo falta por inscribirse 1,7% de los ciudadanos mayores de 18 años, la afirmación del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente debe catalogarse como falsa.