La construcción de un Gobierno amigable con el medio ambiente no estuvo entre las prioridades de Nicolás Maduro durante su gestión. La quinta y última meta del Plan de la Patria 2013-2019 planteó lo siguiente: preservar la vida en el planeta y salvar la especie humana. ¿Se cumplieron los objetivos?. A continuación el chequeo de los objetivos específicos, sin tomar en cuenta los que se consideraron inchequeables.
En Venezuela no existe un sistema público nacional de clasificación, recuperación, reuso, reducción y reciclaje, que incluya la separación de residuos y desechos sólidos en el origen (vivienda, comercio, industria, instituciones), salvo iniciativas públicas y privadas aisladas, esto a pesar de estar establecido como obligatorio en la Ley de Gestión Integral de Basura de 2010.
En la Memoria y Cuenta 2015 del ministerio de Ambiente se revela el fracaso del proyecto para el saneamiento de vertederos, que sólo pudo realizar el 60% de las obras en vertederos seleccionados. En la Memoria de 2017 no hay ningún proyecto ni plan al respecto.
Con la deficiencia en la recolección de basura en Venezuela, ante el colapso de los servicios públicos, la acumulación en las aceras y calles se ha convertido en un nuevo problema de salud pública.
Según datos del Ministerio de Energía Eléctrica para 2014, en el país hay una capacidad instalada de generación de 30.467,25 MW, de los cuales 14.879,00 MW son hidráulicos, 15.477,22 MW son térmicos y 50,20 MW son eólicos, sin referencia a la energía solar, a pesar del programa Sembrando Luz de Pdvsa.
Por tanto, la energía que puede considerarse limpia, la hidráulica y eólica, representan el 49% de la matriz energética del país. Esto implica una reducción con respecto a 2005, cuando en el Primer Comunicado de Cambio Climático se aseguró que la capacidad instalada era de 21.000 MW y que el 70% provenía de las hidroeléctricas. Otras notas de prensa refieren que las centrales hidroeléctricas producen el 65% de la energía generada.
El potencial eólico estimado en el país es de 10.000 MW, si se instalaran aerogeneradores costa afuera, lo que el exministro Jesse Chacón llamó “el Guri eólico” en las costas falconianas. Pero ni siquiera es aprovechada la capacidad instalada: los 76 aerogeneradores del Parque Eólico de Paraguaná, con 100 MW de potencial y el Parque Eólico La Guajira con 36 generadores para un total de 75,6 MW. Este último abandonado y desvalijado, con importantes fallas en las obras.
La Memoria y Cuenta 2017 del Ministerio de Ecosocialismo revela un altísimo incumplimiento en el cuidado de las fuentes y reservorios de agua dulce, con sólo 29% del mantenimiento de los embalses. Las obras de saneamiento y control del Lago de Valencia no avanzaron a pesar de un presupuesto de medio millardo de bolívares fuertes, mientras el del río Guaire sigue en un limbo con apenas un mínimo porcentaje de avance y los derrames petroleros aumentan, repitiéndose en el caso del río Guarapiche, todo sin explicación oficial sobre el impacto real ni medidas para su recuperación.
Mediante el Arco Minero, se viola el manejo integrado de la Amazonía, compartida con Colombia, Brasil, Perú y Ecuador. No hay además ninguna evidencia de proyectos de manejo integral de recursos naturales compartidos con Colombia, como revela el reportaje de Mongabay sobre el caimán del Orinoco, un estudio de 2008 sobre los acuíferos compartidos con Colombia en Táchira, Apure, Amazonas y La Guajira. Esta última un área que tampoco es manejada ambientalmente de forma binacional.
Cultura
A través del discurso público, medios de comunicación e instituciones como La Villa del Cine han producido una versión particular de la historia, presentando nuevos héroes nacionales como Juana La Avanzadora o cambiando la percepción sobre personajes como Ezequiel Zamora y José Antonio Páez. Presentan una visión alterna de la gesta independentista y de la muerte de Simón Bolívar -y similarmente de Chávez mediante complots y envenenamientos en ambos casos- e incluso de la historia moderna del país bajo la figura inexacta de la IV República que la reducen al período 1958-1998 y que de forma alternativa ha sido renombrado como “puntofijismo”, así como de lo sucedido durante el año 2002, todo bajo una estrategia de propaganda, noticias inexactas y hegemonía comunicacional.
Alguna de las formas usadas para tal fin es la compra vedada de medios de comunicación privados, el bloque de canales de televisión internacional y de páginas webs, la entrega discrecional de papel periódico, la censura mediante tribunales, el ataque a medios y periodistas, así como la creación de medios de comunicación que simulan ser independientes como La Tabla, Misión Verdad, y 15 y Último.
La creación de Misión Cultura, con los conciertos Corazón Adentro, el Sistema Nacional de Culturas Populares y la editorial El Perro y La Rana, ha dado un espacio para que cultores populares tengan registro y expresión.
Tres manifestaciones populares han sido presentadas ante la Unesco, siendo declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial: La Parranda de San Pedro (2013), cultivo y procesamiento de la curagua (2015) y Carnaval de El Callao (2016). Los Diablos Danzantes fueron declarados Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en 2012.
También posee dos bienes considerados Patrimonio Cultural Inmaterial que requieren medidas urgentes de salvaguardia, como la tradición oral mapoyo y sus referentes simbólicos en el territorio ancestral (registrado en 2014) y, los cantos de trabajo de los llanos (que comparte con Colombia y registrado en 2017).
Venezuela ha mantenido un rol de disidente en las Conferencias de las Partes (COP) de la ONU sobre Cambio Climático, con un discurso de ecosocialismo y denuncias a las potencias. Fue casi el último país en firmar el Acuerdo de París, es el país con menos Comunicaciones Nacionales de Cambio Climático y más retrasada (la segunda publicada en 2017 es con datos de 2010) en Latinoamérica. Envió a última hora el documentos de Contribuciones Previstas y Determinadas a nivel Nacional, sin consulta pública y altamente politizado.
Durante la COP 24, en Polonia, no hubo casi ninguna información sobre la conformación de la delegación venezolana, ni su posición e incidencia en las conversaciones, a pesar de que Venezuela seguía en la presidencia pro tempore del Movimiento de Países No Alineados (Mnoal), que ejerce desde 2016.
Venezuela no posee la estructura jurídica e institucional como lo exigen los protocolos y acuerdos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Así lo ite el Segundo Comunicado de Cambio Climático, publicado en Noviembre de 2017 por el Ministerio de Ecosocialismo. Este señala como debilidad que no existe aún una Autoridad Nacional, Plan Nacional ni Estrategia Nacional de Cambio Climático, mientras que el documento usa datos de 2010 lo que no permite establecer medidas de adaptación y mitigación sin poseer un diagnóstico actualizado sobre la situación ambiental en el país.
Esto llevó a la elaboración, durante 2017 y 2018, del I Reporte Académico de Cambio Climático por parte de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (Acfiman ) de Venezuela, en el que se señala la escasez de estudios científicos suficientes, completos o enfocados en Cambio Climático, así como en la arquitectura jurídica, institucional y educativa oficial.
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