El estudio Forest Crimes: Illegal Deforestation and Logging, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), analiza un panorama sobre delitos forestales en el que advierte su relación con otras actividades ilegales como la minería ilegal y el tráfico de drogas y cómo estos agravan los daños al medio ambiente y las comunidades.
«Los delitos que afectan al medio ambiente adoptan diversas formas; solo dos de ellas son los delitos forestales y los delitos relacionados con los minerales», apunta la Unodc.
Pérdida de bosques en todo el mundo
De acuerdo con los datos de la Unodc, la actividad forestal ilegal está entrelazada, con frecuencia, con otras formas de crimen entre las que destacan la minería ilegal y el tráfico de personas, lo que crea una red de delitos que incrementan los problemas ambientales y sociales.
Se estima que, por delitos forestales, se perdieron 420 millones de hectáreas de bosques a nivel global, entre 1990 y 2020; lo que a mediano y largo plazo agrava la pérdida de biodiversidad y el aumento del cambio climático.
Manipulación de permisos para deforestar
«Los actores criminales manipulan los procesos de permisos y cambios en el uso del suelo para llevar a cabo actividades de deforestación», destaca el estudio. Esto suele incluir el uso de sobornos y la falsificación de documentos.
Según la Unodc, una creciente demanda de productos de madera está impulsando la criminalidad forestal, con una proyección de aumento en la producción de madera que afecta la sostenibilidad de los bosques.
Entre los datos recabados, al menos el 91 % de la deforestación global entre 1990 y 2020 ocurrió en áreas tropicales; de este porcentaje, el 42 % se relaciona con agricultura comercial que violaba leyes locales.
¿Cuáles son las soluciones?
Para la Unodc, las estructuras legales ya existentes son insuficientes para combatir el delito forestal, pues la corrupción dificulta la identificación y persecución de estos crímenes, donde están involucrados «desde grupos organizados hasta empresas legales que ejercen actividades ilegales».
Sin embargo, el organismo de la ONU reitera que son necesarias «mejores prácticas de gestión forestal y alternativas de desarrollo sostenible para las comunidades vulnerables, junto con un enfoque basado en los derechos humanos para abordar la criminalidad forestal de manera efectiva».
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